El Gobierno nacional prorroga por 60 días la suspensión del ingreso de carne con hueso a la Patagonia

A pocos días del vencimiento del plazo original de 90 días, el Gobierno nacional decidió prorrogar por otros 60 días la suspensión de la resolución que habilitaba el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zonas donde se vacuna contra la fiebre aftosa, según informó el diario La Nación.

La medida, que debía expirar este 16 de junio, había sido establecida en marzo por medio de la Resolución 186/2025 del Senasa, tras el revuelo generado por la publicación de la Resolución 180/2025, que proponía permitir el ingreso de carne con y sin hueso desde el norte del río Colorado a la región patagónica. La propuesta original fue fuertemente rechazada por los productores del sur, quienes advirtieron que ponía en jaque el estatus sanitario de la región, uno de los pilares de su posicionamiento en mercados internacionales.

Esperando respuestas internacionales

El motivo principal de esta nueva prórroga, según fuentes cercanas a la Secretaría de Agricultura, es esperar respuestas formales de países como Chile y miembros de la Unión Europea, quienes fueron consultados por la Argentina para evaluar si un cambio en el estatus sanitario podría afectar las relaciones comerciales o derivar en restricciones a la exportación de productos cárnicos.

“El objetivo es esperar las respuestas de los países con los que se hicieron consultas formales”, indicaron desde Agricultura. En el caso de Chile, que resulta clave para el tránsito de ganado ovino desde Tierra del Fuego a Santa Cruz, ya se habría obtenido un visto bueno. Sin embargo, la situación con mercados internacionales como la UE aún está pendiente, lo que retrasa cualquier decisión definitiva.

Productores del sur, en alerta

La reacción de las entidades rurales patagónicas fue inmediata y enérgica. Desde la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia y diversas asociaciones rurales del sur del país expresaron su preocupación por el posible retroceso sanitario y comercial que podría implicar la flexibilización de la barrera. En un documento conjunto, advirtieron que la resolución 180 “pone en riesgo los mercados internacionales ganados gracias al estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación”.

Además, señalaron que la medida podría significar el colapso de la actividad ovina, el abandono de campos y hasta la pérdida de soberanía territorial en zonas rurales de baja densidad poblacional, ya que muchas explotaciones agropecuarias subsisten gracias al diferencial sanitario de la región.

La polémica por el precio de la carne

Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno nacional para justificar la resolución original fue la necesidad de bajar el precio de la carne en la Patagonia, donde los valores, debido a la escasa oferta de hacienda, son considerablemente más altos que en el resto del país. Según relevamientos realizados en marzo, mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el kilo de asado rondaba los $8.200, en el Alto Valle de Río Negro superaba los $20.000.

La región patagónica cuenta con un stock limitado de ganado vacuno, con alrededor de 1,2 millones de cabezas, concentradas mayormente en Río Negro, Patagones, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de un stock ovino cercano a los 2 millones de animales. Esta baja densidad ganadera repercute directamente en los precios al consumidor.

Una barrera sanitaria con más de 20 años

La prohibición de ingreso de carne con hueso al sur del Colorado rige desde 2001, tras un rebrote de fiebre aftosa que llevó al país a implementar un sistema de regionalización sanitaria. Desde entonces, se adoptaron medidas para proteger a la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación, lo que le permite exportar carne ovina y bovina a destinos exigentes como la Unión Europea.

Hoy, a 24 años de esa decisión, el debate sigue abierto entre quienes piden levantar una barrera que consideran comercial y anacrónica, y quienes exigen preservar un diferencial sanitario logrado con décadas de esfuerzo y vigilancia epidemiológica.

La prórroga anunciada no cierra el capítulo, sino que extiende la incertidumbre, en medio de presiones políticas, demandas judiciales en evaluación y un conflicto federal cada vez más visible.