Este martes, a las 8 de la mañana y en el recinto de la Cámara de Diputados, dará inicio el juicio oral y público contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán. Ambas están acusadas de mal desempeño en la tramitación de expedientes por la tutela y cuidado personal del niño Lucio Dupuy, trágicamente asesinado el 26 de noviembre de 2021. En caso de ser encontradas culpables, enfrentarán la destitución de sus cargos.
Durante esta semana se espera que declaren un total de 40 testigos. El martes 19 se llevarán a cabo los alegatos de cierre y el viernes 22 se anunciará la sentencia respecto a la posible destitución de las funcionarias.
El jurado de enjuiciamiento está presidido por Fabricio Luis Losi, titular del Superior Tribunal de Justicia, y conformado por las legisladoras provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, además de las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, designadas por sorteo.
El procedimiento se rige por la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento, aunque se han complementado algunos aspectos con el Código Procesal Penal de La Pampa para agilizar las audiencias, como acordado en una audiencia realizada la semana pasada.
En el juicio participarán el procurador general subrogante, Guillermo Sancho, en lugar de Mario Oscar Bongianino, quien se excusó por una recusación planteada por Catán.
También intervendrán el abogado particular de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto, y las defensoras oficiales de Catán, Carina Ganuza y Ana Carolina Díaz.
Se espera que Sancho acuse verbalmente a Pérez Ballester y Catán en el inicio del juicio. Posteriormente, las defensas responderán en sus alegatos de apertura, seguidos por la posibilidad de declaración de las acusadas.
A lo largo de esta semana se escucharán los testimonios de 40 testigos. La Procuración requerirá la presencia de 10 testigos, la defensa de Pérez Ballester, 21, y la defensa de Catán, 28.
La acusación de la Procuración está basada en la omisión de obligaciones esenciales en procedimientos que involucran el interés superior del niño.
A diferencia del procedimiento penal ordinario, durante el debate, los miembros del jurado podrán formular preguntas a las imputadas e interrogar a los testigos, según lo establece la ley 313. Para un fallo condenatorio, se requerirá la mayoría de votos de los miembros del jurado.
