El diario El País de España reflejó los casos de trata de personas que involucraron en diferentes causas judiciales a tres intendentes de La Pampa.
La nota recuenta los casos de los intendentes de Lonquimay, Luis Rogers; de Macachín, Jorge Luis Cabak y de 25 de Mayo, David Bravo. Además relata lo ocurrido con el Privado Vip en Santa Rosa, que motivó la sanción de una ordenanza que eliminó la habilitación municipal para wiskerías y pub que enmascaraban los prostíbulos. El testimonio de una victima de Privado Vip sirve para reconstruir la historia de la trata.
“Cuando Sol llegó a la ciudad argentina de Santa Rosa, capital provincial de La Pampa, tenía 21 años. Su familia se había trasladado a Formosa, en el norte del país, en busca de mejores condiciones económicas, pero la situación era complicada. Sol -cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad- no conseguía trabajo y se desesperaba. Un día, leyó junto a su amiga Angie un aviso en la sección de empleos del diario: buscaban mujeres jóvenes para servir copas en una whiskería. Ofrecían 2.000 pesos por mes, casi 700 dólares al cambio en 2006, mucho dinero para ese momento en el que Argentina salía de una grave crisis económica”, dice la nota de El País.
“Llamaron al teléfono del anuncio en seguida y se reunieron con un joven cordobés, que les dijo que el trabajo consistía en ser "alternadoras", es decir, servirles copas a los clientes del bar y charlar con ellos. Aceptaron la oferta, cuenta Sol a EL PAÍS, hicieron las valijas y recorrieron 1.500 kilómetros en autobús con el pasaje que el joven les había pagado, sin saber que habían sido captadas para una red de trata con fines de explotación sexual”, relata el diario español.
“La trata de personas es el tercer delito que más dinero mueve a nivel mundial, 32.000 millones anuales, disputándose las cifras con el tráfico de armas, en segundo puesto. En Argentina, desde el año 2008 han sido rescatadas casi 12.000 víctimas de trata con fines de explotación sexual, según el Programa nacional de rescate y acompañamiento a personas en situación de explotación del Ministerio de Justicia. Eran explotadas en prostíbulos disfrazados de whiskerías, bares, boliches, casas de tolerancia y clubes que funcionaban con connivencia estatal. Los municipios facilitaban la habilitación para su funcionamiento y las chicas explotadas tenían libretas sanitarias donde figuran como alternadoras, eufemismo que se utiliza para darle una nominación legal a la mujer explotada sexualmente”, cuenta.
De morena a rubia platino
“El día que Sol llegó al prostíbulo, Alicia Videla, dueña de Privado Vip, le dijo que le gustaría que fuera rubia. La recibió con halagos y palabras dulces, y al día siguiente la llevó a una peluquería para teñirle el pelo negro de rubio platino. Esa misma noche, le dijo, ya sin sonrisas, que estaba ahí para "hacer plata" y que tenía una deuda”, cuenta.
“Le explicó que tendría que tener sexo con los clientes y que más de la mitad del dinero debía entregárselo a ella. Alicia no actuaba sola, según el testimonio de Sol. En su recorrida por las provincias engañando a mujeres lo acompañaba un médico y funcionario público, que realizaba abortos clandestinos a las mujeres que quedaban embarazadas y les proporcionaba antidepresivos”, dice El País.
“Sol estuvo tres años en situación de trata. Pasó por varios prostíbulos, hasta que decidió pedir ayuda en la subsecretaría de políticas de género de Santa Rosa. En 2009, a raíz de una denuncia de una menor de edad formoseña que estaba en el prostíbulo de Videla, la policía allanó Privado Vip. Detuvieron a Alicia Videla, su hermano Saúl Videla y su esposa, Miriam Céspedes, regentes del prostíbulo y rescataron a 9 mujeres: 2 dominicanas y 7 argentinas. Pero estuvieron poco tiempo encarcelados: la joven formoseña levantó la denuncia en contra de Videla y los proxenetas quedaron libres. Sol mencionó que hubo dinero de por medio para el levantamiento de la denuncia, pero la investigación está parada”, señala.
“Las redes de trata existen por todo el país y se repite en ellas la complicidad institucional. Sólo en La Pampa hay un total de tres intendentes (alcaldes) que están en la mira de la justicia por el delito de trata sexual: dos fueron condenados y uno está al borde del juicio oral”, dice El País.
"Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento" dijo Luis Rogers, actual intendente de Lonquimay, en 2009 al oponerse a la resolución que ordenaba cerrar todos los prostíbulos de la provincia de La Pampa. El pasado junio Rogers fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos por ser partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual debido a su rol en la estructura de la red que funcionaba con el cabaret "Good night", con el aval del jefe de policía y el silencio. Pero el fallo aún no es firme y Rogers continúa en su puesto”, señala el diario español.
Otro párrafo dice: “Jorge Cabak va por su tercer mandato como intendente en Macachín. Está procesado y próximo a ir a juicio oral. La Fiscalía lo acusa de haber habilitado el prostíbulo y firmar las libretas sanitarias de las mujeres explotadas. El prostíbulo se llamaba La Chicho Show. Los hechos investigados abarcan desde el 2006 al 2011, luego de una denuncia realizada por la situación en la que tenía el cabaret a una dominicana. A las mujeres captadas por la red les cambiaban el nombre por algún alias, su aspecto físico y su ropa”.
“"La causa de Macachín hay que enmarcarla en un contexto de naturalización de la institución prostibularia como forma de diversión de los hombres, que no es otra cosa que los acuerdos tácitos patriarcales de la asimetría de poder de varones hacia mujeres. Es más, es la doble explotación sexual y económica. Por lo tanto, la existencia de la red con asiento en Macachín responde a esa lógica, que se reproduce con similares características en el país", destaca Mónica Molina, periodista y exsubdirectora de políticas de género de Santa Rosa”, relata la nota del diario español.
