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  • Foto del escritorLa Pampa

Los empleados de LU33 tenían razón


Por ahora los empleados muestran satisfacción por el fallo que les otorga la razón. El abogado Fernándo Gutiérrez, quien junto a Vanessa Ranocchia, patrocinó a los trabajadores, también se mostró “conforme que se haya determinado que Catena sea considerado responsable”, y consideró que el no haberse incluido a los Legnani de alguna manera resulta mejor, porque no se diversifican las responsabilidades y se entra en una serie de negociaciones que pueden llevar a entorpecer el posible cobro de las indemnizaciones.

La Cámara Civil de Apelaciones de Santa Rosa concluyó, por mayoría, ratificando el fallo de primera instancia y le dio la razón a los empleados de LU33 Emisora Pampeana, en el juicio que llevan adelante por indemnizaciones contra el empresario César Catena.

Este, después de quedarse con la licencia de la radio, por concesión de la familia Legnani, primera adjudicataria, después de algún tiempo se alejó sin dar mayores explicaciones, y los trabajadores quedaron a la deriva, por lo que se consideraron despedidos sin causa.

Después de siete años la causa encontró resolución en primera instancia en la justicia civil, pero al recurrir Catena fue a la Cámara Civil. Hubo alguna incertidumbre en los últimos días, porque se bien en la Sala 3 el juez Guillermo Salas fue contundente, al involucrar al propio Catena como responsable ­_y no solo a sus empresas_­, el segundo voto de Norma García de Olmos lo excluía en forma personal. Fue la jueza Adriana Gómez Luna que dilucidó la cuestión al apoyar el voto de Salas.

A Catena le queda recurrir al Superior Tribunal de Justicia, y eventualmente luego a la Corte Suprema, pero para aquella primera presentación debería depositar la mitad del monto de la indemnizaciónde los 21 trabajadores demandantes. Esto representaría algo así como 4millones de pesos.

La radio funcionó hasta ahora como cooperativa, y sus integrantes a pesar del esfuerzo que hacen tienen dificultades para afrontar la puesta en el aire. Reciben un magro salario, y deben afrontar gastos de funcionamiento. Ellos pretenden que vuelva a manos del estado, propietario de la licencia; pero en Nación hasta ahora se han hecho los distraídos y en todo caso preferirían licitarla nuevamente.

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