La Fiscalía de Investigaciones Administrativas pidió, en una resolución que dio a conocer hoy, mayor transparencia y control en la adjudicación de casas por parte del Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (Ipav). Dijo que se encontró con "desorden administrativo" y "falta de información y verificación". La denuncia había sido presentada en 2014 por la diputada Lidia Duperou.
Luego de una profunda investigación, el titular de la FIA, Juan Carlos Carola, concluyó recomendando al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, las siguientes medidas entre las más importantes:
1) la formación de un expediente administrativo y su incorporación al sistema general de expedientes, respetando carátula, foliatura, etcétera.
2) la garantía expresa de acceso a la información pública, a fin de permitir por parte de la ciudadanía del derecho de control sobre el derecho humano de acceso a la vivienda digna.
3) la verificación de los domicilios o residencias previo a adjudicarse la vivienda.
4) la profundización del seguimiento de situación de las personas inscriptas a los fines de acceder a una vivienda social en los términos de los artículos 7° y 9º de la Res. IPAV Nº735/2010. Todo ello en pos de la confección de una base de datos fidedignas que permitan la realización políticas públicas acordes con las problemáticas de la provincia en materia habitacional.
5) la profundización de la comunicación de las acciones del organismo en cuanto a la informatización del sistema, sus bases y funcionamiento, generando estrategias que amplíen el marco de participación de las organizaciones sociales.
Los apuntados son las anteriores autoridades del Ipav. Carola dijo que se encontró con un marcado "desorden administrativo de los legajos de los inscriptos, falta de actualización de la información allí reunida y la falta de una verificación adecuada de la información aportada por el postulado" en la documentación del Ipav que analizó.
Carola hizo un repaso de las situaciones presuntamente irregulares y consideró que no están dadas todas las condiciones de transparencia para el ejercicio del control ciudadano. "La transparencia sobre los actos de gobierno al crear oportunidades para la formación democrática de opinión pública posibilita que la sociedad, sea apelando a los medios de comunicación o incluso a las movilizaciones y protestas, al menos ejerza un control ex post sobre el aparato del Estado por medio de la presión social", manifestó.
"La apertura de la información, cuando las decisiones y políticas se forman, abre, por su parte, las oportunidades a la deliberación pública y, por tanto, al control ex ante de parte de la sociedad. En este sentido el libre acceso a la información pública por parte de los ciudadanos constituye un mecanismo que se engrana cabalmente en el concepto de la "accountability social" (EL DERECHO DE ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Análisis Jurídico y recomendaciones para una propuesta de ley modelo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública-UNESCO-2004)", fundamentó en su resolución.
"En virtud de ello, y del desorden administrativo de los legajos de los inscriptos, falta de actualización de la información allí reunida y la falta de una verificación adecuada de la información aportada por el postulado, considero necesario recomendar al IPAV que en lo sucesivo garantice el acceso a la información pública a fin de permitir por parte de la ciudadanía del derecho de control difuso, como asimismo de sus derechos humanos comprometidos, como el derecho de acceso a la vivienda digna, facilitando el acceso a los legajos y toda otra información utilizada a los fines de la política pública vinculada con las viviendas sociales".
"Sentado lo anterior corresponde formular una serie de recomendaciones a fin de evitar en lo sucesivo situaciones como las denunciadas, que en muchos casos encontraban justificación legal, pero que en virtud de limitaciones al acceso a la información pública se encontraron desvirtuadas o bajo sospecha", dijo.
