El terrorismo de Estado desatado durante la dictadura militar tuvo su cara más nefasta con los secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y apropiaciones de bebés. Pero la represión, la censura y el disciplinamiento de la sociedad civil tuvo múltiples conductos, y uno de los centrales fue en el área educativa.
En el aniversario 40 del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se conoce ahora una historia inédita de cómo fueron los mecanismos de delación, de confección de listas negras y de espionaje entre los docentes en La Pampa. El caso ocurrió en 1977 en el Colegio Nacional de Santa Rosa, donde una profesora (su identidad será preservada así como los demás involucrados) acusó de subversivos a sus colegas y estos fueron investigados con una comisión llegada desde Nación.
La historia se pudo seguir a través del expediente "reservado" del Ministerio de Cultura y Educación que lleva el número 52.924 y que fue consultado por el autor. Por supuesto, para esa fecha, ya algunos docentes del establecimiento habían sido separados de sus cargos por "cuestiones ideológicas".
La profesora, que también daba clases en la UNLPam y pretendía una promoción que se le negaba porque no cumplía los requisitos, acusó directamente al rector Sabino Neveu y a ocho docentes, una de ellas separada en 1976 de su cargo luego de ser detenida por la Subzona 14. "Se advierte que el colegio ha quedado a expensas de gente que maneja al alumnado haciendo difusión de conceptos que promueven el disturbio, el malestar entre profesores y alumnos", indicaba en un largo escrito. También denunciaba que sus colegas no estaban formados y de irregularidades como incendios en el colegio, roturas de boletines y la realización de varios viajes de estudios por año. Una de las acusaciones puntuales era la "campaña del ladrillo", en la que los estudiantes colaboraban llevando un ladrillo para poder hacer una obra en el establecimiento, y que lo consideraba una actividad "socialista". Todas acusaciones difusas y basadas en rumores.
"A pesar de mi empecinada lucha por frenar esta situación, he podido hacer muy poco" afirmaba, pero explicaba que había denunciado esta situación ante el ministro de Educación de La Pampa, el coronel Luis María Martínez Vivot; el jefe del Regimiento de Toay y jefe de la Subzona 14, coronel Fabio Iriart; y al jefe de la Policía Federal.
"Es necesario analizar de lleno esta situación para evitar el avance, ante nuestras narices del comunismo, y sacarme del medio fue una buena maniobra del grupo y la ineficacia de muchos inspectores hace que la real situación no sea conocida", detallaba.
Una inspectora llegada de Nación en una misión "reservada" se reunión días después con el ministro de Educación provincial y posteriormente abrió un sumario. En el Colegio Nacional le tomó "declaración" a cada uno de los docentes y a varios alumnos. La investigación además sumó antecedentes escolares y penales, textos de clases "sospechosos" sobre todo de Literatura y planificaciones. Pero además, en el caso de un docente de profesión contador, se pidió "antecedentes de buena persona" a diferentes instituciones civiles del medio que confirmaron con la firma de sus titulares su moral y "civismo".
La inspectora, a los pocos días, presentó ante el Ministerio de Educación de Nación el informe final y sus conclusiones. Allí indicaba que sobre la "infiltración izquierdista" la funcionaria no había podido detectar "los graves cargos" y recomendó "proceder a la investigación de todo el personal por otras vías" y estimó "sería necesario el seguimiento del mismo".
Los docentes del Colegio Nacional no tuvieron consecuencias, administrativas o policiales, ya que no tenían antecedentes ni actividad política conocida. Sin embargo, este mismo mecanismo de delación fue el que condujo en muchos casos, como ocurrió en La Pampa con la UNLPam, la delegación de la UTN en General Pico o en el operativo contra el colegio secundario de Jacinto Arauz, a la detención y hasta el secuestro y tortura de docentes en la provincia. > Diario Textual 24-03-16 <
