La Justicia suspendió la disolución de Vialidad Nacional ordenada por el Gobierno de Milei
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En un fallo de alto impacto político e institucional, la jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, resolvió suspender por el plazo de seis meses toda medida derivada del Decreto 461/2025, que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión se conoció tras hacer lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el gremio de trabajadores viales, Sevina.
La magistrada dictó una cautelar de no innovar que ordena al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa vinculada a la implementación del decreto firmado el pasado 8 de julio. Esto incluye la prohibición de realizar reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal y supresión de estructuras orgánicas dentro del organismo.
Según el fallo, “se verifican circunstancias graves y objetivas” que justifican la adopción de una medida urgente para preservar el statu quo y evitar perjuicios que podrían resultar irreparables. En ese sentido, la jueza subrayó que la medida cautelar busca garantizar que no se avance en los efectos del decreto hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.
Forns fundamentó su resolución en principios constitucionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional, particularmente los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos tratados, recordó, impiden que el Estado -en su doble rol de empleador y regulador- modifique unilateralmente condiciones laborales que fueron acordadas colectivamente y se encuentran plenamente vigentes.
No obstante, la magistrada aclaró que aún no se expidió sobre la validez constitucional del decreto ni sobre su eventual nulidad, ya que eso requiere un análisis “más complejo y profundo, con amplio debate y prueba”.
Contexto y repercusiones
La medida se da en medio de una fuerte tensión entre el gobierno de Javier Milei y diversos sectores sindicales, que han expresado su rechazo al plan de disolución de organismos del Estado y reestructuración de sus funciones. La Dirección Nacional de Vialidad, en particular, es considerada un organismo clave en el desarrollo de la infraestructura vial del país y cuenta con miles de trabajadores a lo largo del territorio nacional.
Desde Sevina celebraron la resolución como “un paso importante en la defensa de los derechos laborales y del patrimonio público”, al tiempo que reiteraron su rechazo al desmantelamiento de Vialidad. Por su parte, voceros del Ejecutivo aún no se pronunciaron oficialmente, aunque se espera que apelen la decisión judicial.
Este fallo se convierte así en un nuevo freno judicial a las políticas de reorganización estatal impulsadas por el Gobierno nacional y reabre el debate sobre los límites legales de los decretos presidenciales en materia de empleo público y administración de estructuras estatales.
