El Estado Nacional contrató a la droguería investigada en la causa del fentanilo semanas antes del escándalo
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Documentos oficiales muestran que la droguería Alfarma SRL, propiedad de Ariel García Furfaro —empresario investigado por lotes contaminados de fentanilo—, recibió contratos millonarios del Estado nacional en febrero y abril de 2025, apenas semanas antes de que la ANMAT suspendiera su habilitación por faltas graves.
El impacto político y judicial del denominado “caso fentanilo” sigue creciendo. A la par de la investigación penal sobre la contaminación de lotes, expedientes administrativos revelan que el propio Estado nacional contrató a la droguería Alfarma SRL en el marco de procesos de compra urgentes y regulares, poco tiempo antes de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dictara medidas restrictivas contra la firma.
Contrataciones previas al escándalo
La adjudicación más visible aparece en la Orden de Compra Nº 88-0005-OC25, perfeccionada el 25 de febrero de 2025, correspondiente a un expediente del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). Allí se detalla la provisión de adrenalina, antibióticos, antiulcerosos, soluciones y otros medicamentos hospitalarios por un importe neto de $16.074.194. El lugar de entrega consignado fue el Servicio de Farmacia del INAREPS en Mar del Plata.
En abril del mismo año, otra contratación —esta vez bajo la modalidad abreviada por “urgencia sanitaria”— benefició nuevamente a Alfarma SRL. El Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo adjudicó a la empresa renglones destinados a la campaña contra el dengue (sueros y soluciones de rehidratación) por un total de $2.201.996.
Ambos expedientes muestran entregas concretas y registros administrativos firmados que consignan cantidades, precios unitarios y direcciones, evidenciando la formalidad de los vínculos comerciales con el Estado.
La suspensión de la ANMAT
El 12 de junio de 2025, apenas semanas después de las adjudicaciones, la ANMAT dictó la Disposición 3989/2025, mediante la cual suspendió preventivamente la habilitación de Alfarma SRL para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La medida se fundó en la detección de incumplimientos “muy graves y graves” en la planta de Rosario: ausencia de documentación de distribución, inconsistencias en los movimientos informáticos y falta total de respaldo administrativo en los procesos de trazabilidad.
El contraste entre las compras públicas y las irregularidades posteriores detectadas en controles plantea una pregunta crítica: ¿cómo se autorizó la contratación de una firma que, semanas más tarde, fue objetada por deficiencias severas en la gestión de medicamentos?
La posición de La Pampa
Mientras tanto, no todas las jurisdicciones mantenían vínculos con la droguería. El Ministerio de Salud de La Pampa aclaró que desde 2022 suspendió toda relación comercial con Alfarma y que desde 2017 no registra compras con la Droguería Nueva Era, otra de las firmas señaladas en la investigación. La cartera provincial indicó que esa suspensión se ordenó tras detectar irregularidades en controles propios y que se aplicaron sanciones económicas. Este antecedente provincial contrasta con las contrataciones efectuadas en dependencias nacionales.
Las defensas del empresario
Bajo presión judicial y mediática, el dueño de Alfarma, Ariel García Furfaro, aseguró públicamente que la contaminación de lotes no responde a negligencia de la empresa, sino a la acción de un exempleado o incluso a un sabotaje. En entrevistas sostuvo que su compañía realizó un “autorecall” el 8 de mayo, antes de las prohibiciones oficiales de la ANMAT, y cuestionó la imposibilidad de realizar contramuestras tras los secuestros. También relativizó la peligrosidad de la bacteria Klebsiella hallada en los lotes, asegurando que “está en el 90% de los sanatorios”.
El cruce político
La causa escaló también en el terreno político. El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, fue contundente al señalar que “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”, y aseguró que durante su gestión “fue la primera vez que se les puso un freno”. Además, abrió un sumario interno en el INAME (dependencia de ANMAT) para deslindar responsabilidades, advirtiendo que cualquier funcionario involucrado será apartado de inmediato.
“¿No llama la atención que alguien que tenía una verdulería en el conurbano terminara con aviones y vínculos políticos?”, cuestionó Lugones, en alusión al rápido ascenso empresarial de García Furfaro.
Cronología clave
Febrero 2025: adjudicación de $16 millones al INAREPS (Mar del Plata).
Abril 2025: adjudicación de $2,2 millones al Hospital Carrillo por urgencia sanitaria.
Mayo-junio 2025: denuncias, allanamientos y medidas cautelares.
12 de junio 2025: ANMAT suspende preventivamente la habilitación de Alfarma SRL.
Un caso en plena investigación
El encadenamiento de hechos —contrataciones previas, controles fallidos y suspensión administrativa— se convirtió en el núcleo de la polémica. La Justicia federal investiga la eventual responsabilidad penal por la contaminación de lotes de fentanilo y otros medicamentos, mientras que la ANMAT sostiene medidas preventivas en el plano administrativo.
La combinación de expedientes oficiales, defensas empresariales y acusaciones políticas mantiene al “caso fentanilo” en el centro del debate sanitario y de la agenda pública nacional.
