En una dramática situación que tuvo lugar este martes, una familia fue desalojada de una vivienda social ubicada en la calle Catriel Sur 794 de Santa Rosa. La desafortunada situación ocurrió después de que se descubriera que la persona de quien habían comprado la propiedad no era la legítima propietaria. La familia residía en esta vivienda desde hace 15 años y, hasta el momento, no había habido ninguna reclamación al respecto.
Graciela Pérez, una de las integrantes de la familia afectada, relató los hechos ocurridos. Según su testimonio, adquirieron la casa en el barrio Plurianual, Obreros de la Construcción, de una mujer que se presentó solicitando la llave, argumentando que la vivienda no tenía dueño. Desde aquel entonces, la familia ha habitado la propiedad sin problemas, hasta ahora.
"Mi hijo, quien utiliza una silla de ruedas, fue impedido de ingresar a la vivienda hoy (por ayer), debido a la presencia de la policía que llevó a cabo el desalojo por parte del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV)", declaró Pérez. "Desde el momento en que entregaron estas casas en el barrio, nos mudamos allí y nunca nadie había reclamado la propiedad", añadió.
La mujer también destacó que la vivienda había sido ampliada y se habían realizado mejoras en ella, aunque el servicio de gas no estaba disponible. Durante todos estos años, la casa ha albergado a aproximadamente siete personas, incluyendo niños. Sin embargo, en la actualidad, debido a razones personales, Pérez se encontraba en Victorica, mientras que otro miembro de la familia estaba sujeto a una restricción temporal debido a un conflicto con un vecino.
Pérez expresó su angustia al relatar que a su hijo discapacitado no se le permitió ingresar a la propiedad para recoger sus pertenencias, ni siquiera a su mascota. "Cuando la policía llegó, la casa estaba vacía. Mañana (por hoy) me dirigiré al IPAV en busca de una solución. Tenemos todos nuestros muebles y hemos realizado mejoras en la vivienda, pero ahora mis hijos tendrán que buscar otro lugar donde vivir", concluyó Pérez.
Esta lamentable situación pone de manifiesto la importancia de verificar la legalidad de cualquier transacción inmobiliaria y resalta la necesidad de garantizar un acceso justo y equitativo a la vivienda para todas las familias.
