Condenaron al jefe policial que hizo trabajar a presos en su boda: “abusó de su autoridad y puso en riesgo la seguridad pública”
- La Pampa
- hace 5 días
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El insólito caso que conmocionó a Lonquimay y a toda La Pampa llegó a su fin judicial: el oficial inspector Cristian Martín Galván, quien el año pasado se desempeñaba como jefe de la subcomisaría local, fue condenado por utilizar a detenidos como mozos en su fiesta de casamiento.
El fallo fue emitido por el juez Andrés Aníbal Olié en la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, quien impuso una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años y medio.
El hecho, que provocó repercusiones tanto dentro como fuera del ámbito policial, ocurrió el 31 de mayo de 2024, cuando Galván celebró su casamiento con un almuerzo en el pub Veneto, a escasos metros de la subcomisaría. Allí, sin autorización judicial alguna, cuatro presos fueron trasladados desde la dependencia policial para colaborar en la fiesta, realizando tareas de limpieza, preparando el asado y sirviendo la comida a los invitados.
Durante el juicio, que se desarrolló en junio, testigos y policías confirmaron que los internos Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Sánchez estuvieron fuera de su lugar de detención durante varias horas, colaborando con el evento. Ellos mismos, en sus testimonios, reconocieron haber accedido al pedido del jefe, a quien describieron como “respetuoso”, aunque no negaron que trabajaron en la celebración.
Galván, por su parte, negó las acusaciones y afirmó que el almuerzo fue un evento privado, que estaba de licencia por matrimonio y que “no hubo presos en el salón”. Sin embargo, el juez no dio lugar a esa versión y consideró probada la responsabilidad del funcionario.
“La conducta del imputado representó un abuso de autoridad, vulneró la función institucional de la Policía y puso en riesgo la seguridad pública, al permitir que personas condenadas circularan libremente por la localidad para participar de un evento privado”, expresó el magistrado Olié en su resolución.
Además, dispuso la devolución del celular secuestrado a Galván y notificó la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), donde ya se tramita un sumario paralelo por el mismo episodio. La causa judicial se había iniciado por un informe elevado por el coordinador regional al entonces jefe de la Unidad Regional I, Marcelo Calderón, quien ordenó la investigación.
Durante el proceso, Galván sostuvo que era víctima de una “interna policial”, pero la pena impuesta fue la solicitada por el fiscal general Guillermo Sancho, quien consideró el hecho como una grave violación a los deberes del funcionario público. En cambio, los abogados defensores habían reclamado la absolución por el beneficio de la duda, argumento que fue desestimado por el juez.
El caso marca un precedente en la provincia y expone una utilización indebida del poder institucional, incluso en contextos personales como una celebración familiar.
