En una sentencia dictada hoy por el juez de control santarroseño, Carlos Matías Chapalcaz, dos hombres han sido condenados a tres años de prisión en suspenso por el robo de un transformador de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa y por causar daños en otros equipos para la sustracción de bobinas de cobre. Los condenados, identificados como Franco Omar Frank (de 27 años) y Yamil Alí Ibrain Mansilla (de 32 años), fueron hallados culpables como coautores de los delitos de robo calificado por ser cometido en despoblado y entorpecimiento del servicio público de electricidad. Además de la condena, se les ha impuesto el cumplimiento de reglas de conducta por un periodo de dos años.
La investigación penal ha revelado que Frank y Mansilla estuvieron involucrados en cuatro hechos delictivos ocurridos en septiembre y octubre del año pasado. El primero de estos ocurrió entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, cuando Mansilla y otro individuo sustrajeron bobinados de un transformador de 33 Kva de la CPE que alimentaba pozos de agua en un campo cercano a la ruta provincial 7 en Anguil, ocasionando un corte de energía. El segundo acto delictivo tuvo lugar el jueves 28 de septiembre, también de madrugada, cuando los imputados robaron otro transformador de 16 Kva del mismo predio rural.
Posteriormente, el viernes 13 de octubre, Frank y otro individuo dañaron un transformador instalado en la ruta nacional 5 frente al hipódromo, sustrayendo objetos de su interior. Finalmente, el 26 de octubre, también en horas de la madrugada, Frank y otro cómplice desprendieron un transformador de la CPE ubicado en un galpón en Toay, sustrayendo las bobinas de cobre.
El juez Chapalcaz, en su fallo, destacó que estos actos vandálicos no solo constituyeron robos, sino que también entorpecieron el normal funcionamiento del servicio de electricidad brindado por la Cooperativa Popular de Energía.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por la fiscal Leticia Andrea Pordomingo, junto con Frank y Mansilla a través de sus defensores particulares Diego Antonio Herbsommer y Vanessa Ranocchia Ongaro, respectivamente.
La sentencia se basó en diversos elementos de prueba, incluyendo informes sobre el impacto de antenas de celulares, diálogos surgidos de intervenciones telefónicas que confirmaron la participación de los acusados en los ilícitos, y el secuestro de vehículos y herramientas utilizadas en los mismos.
