El subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, respaldó fuertemente la decisión de Nación de publicar un nuevo Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), bajo la idea de que sirva como una especie de manual de procedimientos y operaciones especialmente dirigido para dar amparo a los profesionales de la salud.
La Pampa ya tiene una guía, en funcionamiento. «El protocolo de Nación, que se publicó hoy, es en realidad una copia fiel de la guía que tenemos desde hace un año y medio en La Pampa y que fue reformada o actualizada recientemente», dijo. «La nuestra es una guía adelantada. Los cambios que se hicieron ahora, con el protocolo de Nación, nosotros ya los teníamos. Veremos si hay alguna cosa que no se incluyó y, en ese caso, se realizará una adhesión», dijo Vera a Diario Textual. «Ideológicamente estamos alineados con este equipo de Nación en lo que hay que hacer. Esto no es un debate religioso o político. Es una cuestión de salud pública«.
Así, por ejemplo, en la guía pampeana ya estaban incluidos varios puntos establecidos con la modificación del Código Civil de 2015 y que fueron sumados al protocolo que Nación publicó hoy. «Se incluye la autonomía progresiva de las adolescentes y también la cuestión de la objeción de conciencia», sostuvo.
La autonomía progresiva se refiere a la aptitud de los adolescentes para consentir actos médicos en función de su edad y madurez.
En tanto, sobre la objeción de conciencia, Vera recordó que «es solo sobre el acto» de aborto. «Se permite la objeción individual, pero ese objetor -por ejemplo, un médico- no puede no informarle y conectarla a la mujer con un equipo de salud no objetor», dijo. «Una cosa es objetar y otra cosa es obstaculizar».
El Gobierno de Alberto Fernández publicó este viernes en el Boletín Oficial el nuevo protocolo. El objetivo fundamental es ofrecer una guía y una herramienta técnica para los equipos de salud, y para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino vigente. El mismo se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales.
El documento, que consta de 79 páginas, entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Detalla los derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud ante esos casos. Además incluye una pormenorizada descripción del procedimiento para realizar la interrupción del embarazo y la anticoncepción necesaria pos interrupción del embarazo.
Estas prácticas están permitidas desde hace casi 100 años en el país: fueron autorizadas por el Código Penal de 1921.
La ley argentina permite el aborto en casos de violación, de peligro para la vida y la salud de la mujer o abuso de mujeres dementes.
Sin embargo, la implementación no es efectiva en todas las provincias. Por eso, en 2012 la Corte Suprema le encargó a la Nación y a las provincias la implementación de protocolos hospitalarios para garantizar los abortos legales. Algunas provincias dictaron protocolos que respetaron lo que estableció la Corte. Otras impusieron requisitos que dificultan el acceso y e incluso algunas no contaron con protocolos. Por eso en 2015 Nación publicó un protocolo. Ese es el que ahora fue actualizado.
La Pampa tenía, antes de 2015, una guía que era restrictiva. Así, por ejemplo, solo se permitían estas prácticas en los hospitales que tuvieran quirófano. «Cuando llegamos al Gobierno, sacamos esa restricción», dijo Vera. «Ahora se hacen en todos los centros de salud. No puede haber centro de salud privado o público objetor. Así, de 450 de ILE en 2018 ahora pasamos a unas 600 en 2019», contó. Según dijo, el 90 por ciento de las prácticas se realiza con medicamentos. Fuente Diario Textual
