PROYECTO PARA QUE NO PUEDAN CONTRATAR CON EL ESTADO PROVINCIAL
El diputado provincial Darío Hernández (Massista) reclamó que aquellas empresas que pudieran estar vinculadas con denuncias de corrupción no puedan celebrar contratos con el Estado, y que además sean excluidas del registro de licitadores de la Provincia.
El legislador presentó un proyecto de resolución en ese sentido, para que se impida que esas empresas no puedan celebrar contratos con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, incluyendo a las que aún se encuentran con contratos en curso de ejecución contemplando que los mismos se revisen y rescindan.
Por otra parte se solicita que se las excluya del Registro de Licitadores de la Provincia a todas las empresas que en el marco de las causas judiciales por corrupción, cuando sus representantes hayan reconocido judicialmente el pago de coimas, “aportes de campaña”, o cualquier otro emolumento ilegal, con motivo de la adjudicación de contratos de obra pública en cualquier jurisdicción.
Dijo Hernández: “Las empresas involucradas no pueden ser partícipes de negocios con el Estado y mucho menos recibir subsidios para desarrollarse. Es hora de poner blanco sobre negro en los hechos no sólo en las palabras, si esto no se cambia nada habrá cambiado, hablando de cambio”.
“¿Cuál es el tema de la obra pública?”, se pregunta. “Si una obra pública, por ejemplo, cuesta diez mil en la carterización -razonó- las empresas se ponían de acuerdo entre ellas en lugar de pasar diez mil pasaban trece o catorce mil en lugar de aquellos diez. Con lo cual estaban aumentando un 40% el precio de la obra, con eso hacían retornos a los sectores del gobierno que estaban involucrados, que obviamente no eran todos, pero si muchos de los que estuvieron en obras públicas durante doce años. Y esto generaba riqueza para los funcionarios pero también para las empresas porque estaban de acuerdo con eso”, agregó.
¿Arrepentidos?
Continuó analizando que “ahora resulta que nos encontramos con que los empresarios dicen que se arrepienten, entonces delatan algunas cosas, hablan de algunas cuestiones pero no devuelven el dinero y además siguen trabajando en la obra pública. La mayoría de las grandes empresas que han tomado licitaciones y tienen hoy trabajo en el Estado son responsables de lo que sucedió. Estas empresas han crecido al calor de la corrupción”, resaltó.
Pidió cortar con esa situación “por lo sano. Todas estas empresas que están vinculadas a la obra pública y la corrupción de estos últimos años no tendrían que participar de la obra pública y no habría que darle una obra más. En algunos casos el propio Presidente dice que las empresas no eran, eran los directores, entonces se cambian los directorios y las empresas continúan funcionando. Vamos a empezar a resolver el tema de la corrupción cuando también se terminen los empresarios corruptos. En la Provincia, la Ley nº 38 -Ley General de Obras Publicas- ordena la exclusión del Registro de Licitadores de la Provincia a aquellas personas o empresas que se encuentren procesadas, se hallen en estado de interdicción judicial o sean incapaces para contratar”, recordó.
Evocó que en 2017 también presentó un proyecto de Ley para la creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, facultando al Poder Ejecutivo Provincial a establecer y/o sustituir la denominación social de la misma, la que tendría domicilio legal en nuestra provincia. La Arena
