La Comisión de Enlace de Asociaciones Rurales de La Pampa ha solicitado formalmente una audiencia con el gobernador Sergio Ziliotto para tratar la reglamentación inminente de la Ley de Plaguicidas, aprobada en 2020. Marcelo Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Agrícola de La Pampa, expresó su preocupación y la de los productores rurales, exigiendo la derogación o suspensión de la normativa, ya que, según afirman, la ley en su estado actual es impracticable.
Rodríguez subrayó la necesidad de elaborar una legislación que involucre a todos los actores del sector. "Pedimos trabajar en una ley con ideas compartidas, porque tal como está, no nos sirve. No nos oponemos al control, queremos seguir produciendo sin desatender el medioambiente", declaró.
Reunión clave en Toay
El pasado miércoles, representantes rurales se reunieron en Toay con legisladores provinciales, entre ellos Espartaco Marín (Frejupa), Laura Trapaglia y Enrique Juan (PRO-MID), Hipólito Altolaguirre y Javier Torroba (UCR), y Sandra Fonseca y Mariano Farías (Comunidad Organizada). Durante el encuentro se discutieron varios temas, como seguridad, caminos vecinales y la emergencia agropecuaria, pero la reglamentación de la Ley de Plaguicidas fue el tema principal.
Rodríguez, en nombre de los ruralistas, señaló que ya habían enviado una solicitud de audiencia al gobernador el lunes anterior y que están a la espera de una respuesta. "Nos preocupa que la ley, tal como está, presenta muchas inconsistencias que la hacen inviable en la práctica", advirtió.
Inconsistencias en la ley
Entre las inconsistencias más destacadas, Rodríguez mencionó que, según la normativa, si se realiza una inspección y el campo está cerrado, el productor es apercibido. Sin embargo, muchos campos permanecen cerrados por seguridad, lo que genera problemas de implementación. "Este tipo de detalles deben coordinarse mejor", afirmó.
Otro punto crítico es el otorgamiento de poder de policía a las municipalidades, lo que genera diferencias en la aplicación de la ley en cada jurisdicción. "Un mismo aplicador de plaguicidas podría estar sujeto a normas diferentes en distintos municipios, lo que complica el trabajo", explicó Rodríguez.
También cuestionó la carga burocrática que la ley impone a pequeños y medianos productores, con requisitos como inscribirse en registros, presentar recetas de compra archivadas durante cinco años, y verificar equipos anualmente. "Esta ley, tal como está, no es viable para el productor rural", concluyó.
Compromiso legislativo y expectativas
Los legisladores presentes en la reunión se comprometieron a trasladar los reclamos de los ruralistas al Poder Ejecutivo, mientras se espera una respuesta a la solicitud de audiencia con el gobernador Ziliotto.
La Ley de Plaguicidas, que fue aprobada en 2020, establece distancias mínimas de fumigación de 3.000 metros por aire y 500 metros por tierra desde los espacios urbanos, un punto que fue duramente cuestionado por los productores agropecuarios desde su creación.
Con este panorama, los ruralistas buscan lograr un consenso que permita ajustar la ley de acuerdo a las necesidades reales del sector productivo sin desatender la importancia del control medioambiental.
