El Gobierno Nacional anunció hoy un ambicioso plan de privatización de casi 6 mil kilómetros de autopistas y rutas en todo el país, incluyendo la Ruta Nacional 5, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa, La Pampa. Se trata de una de las vías más transitadas del país, utilizada por vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones de carga.
Como parte de esta iniciativa, el Gobierno habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales, la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de distintos tramos de rutas clave, como la 3, 5, 7, 8 y 9, además de autopistas como la Riccheri y la Ezeiza-Cañuelas.
Según el Gobierno, el 45% de la red vial administrada por Corredores Viales se encuentra en estado crítico, con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% en relación a la tarifa técnica. En este contexto, la iniciativa busca que los concesionarios privados realicen las obras de infraestructura necesarias a cambio del derecho de cobrar peajes a los usuarios.
"Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacando que el nuevo modelo permitirá el desarrollo de infraestructura sin carga para el Estado.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de ejecutar el proceso de privatización. Entre las acciones previstas se encuentra la extinción por mutuo acuerdo de los contratos vigentes, la selección de nuevos concesionarios y la disolución definitiva de Corredores Viales una vez adjudicadas las nuevas concesiones.
Según el Gobierno, la participación del sector privado permitirá una mayor flexibilidad en la subcontratación de obras, eliminando las restricciones impuestas por la ley de obra pública. Mientras tanto, los usuarios aguardan detalles sobre el impacto en las tarifas de los peajes y el cronograma de mejoras prometidas en las rutas del país.
