El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) presentó un proyecto en la Cámara Baja, que pretende la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Ética Pública (CNEP), y una modificación en el mecanismo establecido para la presentación de las declaraciones juradas que realizan los funcionarios, para que pueda existir un mayor control de los ciudadanos, y la información sea de más fácil acceso.
El legislador le dijo a LA ARENA que "hoy en día los procedimientos con que se valúan los activos y con que se actualizan esos valores están muy atados a situaciones contables que son muy difíciles de que puedan ser analizadas por todos los ciudadanos, porque están más al alcance de los entendidos en esas cuestiones que tienen muchos tecnicismos".
"Por eso es imprescindible simplificar esos procedimientos para que toda persona que quiera supervisar la ética de sus funcionarios pueda juzgar de una manera sencilla si ese funcionario se enriqueció ilícitamente o no, porque con el sistema actual está claro que no se les permite ejercer con eficacia el rol de contralor que se les reconoce discursivamente", explicó.
Y agregó: "Soy consiente que propuestas de esta características encuentran dificultades para avanzar y vamos a necesitar de una gran dosis de voluntad política para que se concrete, pero la considero absolutamente necesaria".
El proyecto.
El proyecto pretende volver a incorporar, en el marco de la Ley 25.188, a la CNEP como órgano independiente del Congreso Nacional y con autonomía funcional. El organismo estará integrado -entre otros- por ocho ciudadanos designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes.
Además intenta modificar el mecanismo establecido para la presentación de las declaraciones juradas que realizan los funcionarios obligados por ley, de modo de simplificarlo para permitir que todo ciudadano se encuentre en condiciones de determinar si ha existido o no enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función.
Para mejorar el control ciudadano es imprescindible desterrar el conjunto de tecnicismos que tiene el actual sistema de presentación de las declaraciones juradas que hace que solo los muy entendidos en cuestiones contables se encuentren en condiciones de realizar un análisis completo.
Fundamentos.
Entre los fundamentos del proyecto, el diputado señaló que es habitual que la publicación de las declaraciones juradas de las personas obligadas por la Ley de Ética Pública de lugar a debates acerca de las razones fundantes del incremento patrimonial de los funcionarios, cuando este incremento aparece como abultado.
Generalmente, la respuesta a las observaciones públicas de esos incrementos remite a justificaciones basadas en el incremento de la valuación de los bienes, lo que genera incertidumbre en los usuarios de la información, toda vez que los procedimientos de valuación y de actualización periódica de los valores, se relacionan con situaciones contables de difícil percepción por las personas interesadas en supervisar la ética de los funcionarios.
Es necesario, por tanto, y en particular en una situación como la que registra la economía argentina, en la cual el precio de los bienes se encuentra sujeto permanentemente a cambios que se relacionan con la pérdida de valor de la moneda, que la asignación de valor de los bienes se mantenga actualizada.
A tal efecto, se debe procurar que la reglamentación establezca -en cada una de las situaciones en que se genera la obligación de presentar o actualizar la declaración jurada prevista en la Ley- un procedimiento de valuación que permita ajustar el valor asignado a los bienes a la realidad económica, de modo que la sociedad toda pueda juzgar sin mayor dificultad si el aparente enriquecimiento de los funcionarios se ajusta a la evolución de sus ingresos declarados y a la actualización real sufrida por los valores.
Nuevas reglas.
Nuestro modelo de democracia republicana exige la instauración de nuevas reglas de juego sobre la manera en que los funcionarios públicos se relacionan con los ciudadanos, de modo que estos últimos puedan ejercer con eficacia el rol de contralor que se les reconoce discursivamente, pero que un conjunto de tecnicismos dificultan en la práctica. Por supuesto que para que ello prospere será necesaria una enorme dosis de voluntad política desde el más alto nivel gubernamental. Con ese objetivo, proponemos reformas a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública que así lo determinen, mediante la reglamentación que dicte la Oficina Anticorrupción.
Asimismo, y con el propósito de generar un ámbito que brinde confianza pública en el seguimiento de la evolución patrimonial y ética de los funcionarios, se propone restablecer un órgano que en su momento fue suprimido legalmente, pero cuya presencia juzgamos necesaria a fin de que la Ley cumpla su cometido.
