El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa defendió a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el juicio político que impulsan el Presidente y los gobernadores, entre los que se encuentra Sergio Ziliotto.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa se expresó a favor del fallo de la Corte Suprema que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por la distribución de los fondos de la coparticipación, y en contra de los intereses del Gobierno de La Pampa, una de las provincias que impulsa el juicio político a los ministros.
Lo hizo al adherir a la declaración de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), de la que es integrante.
«Ante el pedido de juicio político a los integrantes de la CSJN afirmamos que este mecanismo, previsto en la Constitución Nacional, es extremo y excepcional y que en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho debe ser utilizado con la debida prudencia. Una acusación contra jueces/as no puede basarse en la disconformidad con el contenido de sus sentencias», señala el posicionamiento de la FAM.
El mismo no puede ser entendido de otra manera que una defensa corporativa frente a los cuestionamientos que envuelven a los jueces de la Corte Suprema por diversos fallos, y por los cuales el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores, entre los que está el pampeano Sergio Ziliotto, pidieron un juicio político. La acusación es por «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos.
Ziliotto expresó que el fallo de la corte «beneficia a CABA y nos perjudica», y que es «arbitrario y avasalla la división de poderes».
El gobernador pampeano fue más allá y afirmó que «es un acto político, hoy agravado ante la pública connivencia del Presidente de la Corte y autoridades de la CABA».
“Ejerciendo un derecho constitucional pedimos al Poder Legislativo que investigue la conducta de los integrantes del máximo tribunal”, subrayó.
La declaración del los magistrados y funcionarios judiciales completa diciendo que «las potestades constitucionales de todos los Poderes del Estado deben ejercerse con respeto a los valores de la República, garantizando el debido proceso y la vigencia de la institucionalidad democrática».
En el pedido de juicio político a la Corte que se tratará en la segunda quincena de enero. Las acusaciones en contra de los ministros van desde «la violación de la Ley de Ética Pública» hasta el mal desempeño «a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080″, que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.
A eso se le suma el reciente fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires para cobrar fondos de la coparticipación que fueron incrementados por Decreto durante el gobierno de Mauricio Macri del 1,40 por ciento al 3,75, una suba de más de dos puntos que Juntos por el Cambio justificó en el costo del traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad; y que a poco de asumir Alberto Fernández retrotrajo a 2,32 por ciento, ya que iba en contra del resto de las provincias del país, alguna de las cuales se presentaron al pedido de juicio contra los jueces supremos por considerar que se trató de «un fallo político» a favor de Juntos por el Cambio.
La postura del órgano que nuclea a los jueces y funcionarios judiciales pampeanos no sorprende. También se inmolaron por los magistrados de la Corte Suprema cuando una multitudinaria marcha popular pidió a principios del 2022 poner fin de la impunidad, de las causas judiciales armadas, y el pedido de democratización de la justicia. En La Pampa se pidió además para que el supremo tribunal haga cumplir el fallo para que Mendoza restituya el caudal del río Atuel.
Del mismo modo reaccionaron cuando se incluyó en el Presupuesto 2023 el apartado para que los jueces empiecen a pagar ganancias, una batalla que terminó en derrota para el oficialismo que no consiguió los votos para su aprobación.
Tampoco repudiaron el escándalo por la reunión en la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, de la que participaron jueces federales, el presidente del Grupo Clarin, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, quien fue denunciado penalmente por el Gobierno nacional y tiene una causa en la que se investigan vínculos con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
