En un movimiento que ha generado un fuerte impacto social, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario a través del Decreto 879/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial. La decisión llegó horas después de una multitudinaria movilización en defensa del presupuesto para la educación pública, que tuvo lugar ayer, martes 2 de octubre, en todo el país, incluyendo grandes concentraciones en La Pampa.
La movilización en La Pampa: un grito por la educación pública
La provincia de La Pampa se sumó a las protestas que se desarrollaron a nivel nacional, con miles de personas saliendo a las calles en defensa de la universidad pública. En Santa Rosa, la capital provincial, una gran multitud se congregó frente a la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). La manifestación contó con la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y no docentes, estudiantes, y fue respaldada por centrales obreras y movimientos sociales.
Por su parte, en la ciudad de General Pico, otra importante concentración se llevó a cabo. La marcha comenzó a las 18:00 horas en la Facultad de Veterinarias, recorrió el Centro Universitario, y culminó frente al Comedor Universitario, con cánticos y pancartas que exigían la preservación del financiamiento para la educación pública y gratuita.
El veto presidencial: fundamentos y controversias
En el decreto que oficializa el veto, Milei argumentó que el proyecto de ley "no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos para su financiamiento", y que su implementación generaría un gasto adicional "que afecta de manera tangible los objetivos de política económica" fijados por el Gobierno Nacional. Según el presidente, la aplicación de la ley implicaría un gasto aproximado de $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos), una cifra que, según él, comprometería la estabilidad fiscal del país.
Además, Milei insistió en que los problemas técnicos del proyecto harían imposible su implementación de manera ordenada. En su habitual tono polémico, el presidente agregó que “se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto sería de más de un billón y medio de pesos”, en referencia a sus ya conocidas interpretaciones numéricas.
El veto fue firmado también por varios altos funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos Guillermo Francos, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger, y Mariano Cúneo Libarona.
Repercusiones sociales y políticas
La decisión presidencial generó una ola de críticas por parte de los sectores vinculados a la educación, quienes consideran que el veto representa un ataque directo a la educación pública. Las organizaciones estudiantiles y gremiales manifestaron su indignación, sosteniendo que la ley era fundamental para asegurar el financiamiento de las universidades nacionales, que actualmente enfrentan una situación crítica debido a la falta de recursos.
Por su parte, los manifestantes que participaron en la movilización de ayer destacaron la importancia de seguir luchando por la universidad pública, gratuita y de calidad. “Esto no es solo un golpe al sistema universitario, es un golpe a toda la sociedad que depende de una educación accesible”, afirmó uno de los estudiantes que participó en la marcha en Santa Rosa.
Un futuro incierto para la educación pública
Con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el futuro de la educación pública en Argentina se encuentra en una encrucijada. Las universidades nacionales, que son fundamentales para el desarrollo del país, enfrentan ahora la difícil tarea de seguir operando en medio de un contexto económico complejo y sin garantías claras de financiamiento.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días se intensifiquen las protestas y las manifestaciones a lo largo del país, ya que tanto estudiantes como docentes y trabajadores de la educación planean continuar con las movilizaciones en defensa de la universidad pública.
Este veto presidencial no solo impacta en la educación superior, sino que también pone de relieve el debate entre las políticas de ajuste económico y las demandas de sectores sociales que ven en la educación pública un derecho fundamental. Con miles de voces clamando en las calles, el tema promete seguir siendo uno de los ejes más candentes en la agenda pública en los próximos meses.
