Imputan al intendente de Ingeniero Luiggi por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada
- La Pampa
- 18 feb
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La jueza de Control, María Jimena Cardoso, formalizó la investigación fiscal contra el intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, imputado por el presunto delito de omisión maliciosa de consignar datos en su declaración jurada patrimonial.
El caso se basa en la supuesta falta de inclusión de una sociedad de la cual formaría parte, al momento de presentar la declaración patrimonial obligatoria al asumir su cargo, según lo estipula el artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades de La Pampa.
El avance de la investigación
Durante la audiencia, el fiscal Matías Juan sostuvo que existen elementos suficientes para respaldar la imputación y avanzar con la causa. “Expusimos los hechos investigados, la calificación provisoria y las pruebas con las que contamos hasta el momento”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, el defensor Hernán Salamone, en representación de Salvadori, argumentó que la sociedad en cuestión no tenía activos, pasivos ni registraba movimientos, por lo que el intendente habría entendido que no correspondía incluirla en su declaración jurada. Aseguró, además, que no existió intencionalidad delictiva ni un acto malicioso.
Sin embargo, el fiscal enfatizó que la omisión en la declaración de bienes o participaciones societarias es suficiente para configurar el delito, independientemente de que la sociedad no haya tenido actividad.
Posibles consecuencias legales
El delito de omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial está contemplado en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, y establece penas de 15 días a 2 años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En este sentido, el fiscal señaló que “Salvadori no tiene antecedentes, por lo que, en caso de una eventual condena, podría acceder a una pena en suspenso. Pero lo más grave es que, debido a su rol político, una condena significaría su inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos”.
La formalización de la investigación es una etapa procesal clave, ya que implica la comunicación oficial de la imputación. “Ahora la defensa puede presentar pruebas y ejercer las estrategias que considere necesarias para revertir la acusación”, indicó Juan.
¿Próximo paso: juicio oral?
A partir de esta instancia, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas para determinar si eleva la causa a juicio oral. “La investigación sigue abierta. Todavía no hay una acusación formal, pero se trabaja en reunir más pruebas que puedan reforzar la postura del Ministerio Público Fiscal o, en su defecto, favorecer a la defensa”, detalló el fiscal.
En tanto, aclaró que no existen denuncias sobre cheques sin fondos del intendente y que la investigación se centra exclusivamente en la omisión de información en la declaración jurada patrimonial.
