El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha decretado una emergencia energética con el objetivo de iniciar el proceso de ajuste de las tarifas de luz y gas en el país. El Decreto 55/2023, publicado en el Boletín Oficial, establece la emergencia en el sector energético hasta el 31 de diciembre de 2024.
La medida, firmada por el presidente Milei y el Gabinete de Ministros, abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, así como el transporte y distribución de gas natural bajo jurisdicción federal.
El decreto instruye a la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo y dependiente del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, para desarrollar e implementar un programa de acciones necesarias en relación con los segmentos afectados por la emergencia. El propósito es establecer mecanismos para fijar precios en condiciones de competencia, mantener niveles de ingresos reales y cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua de estos servicios públicos.
La revisión tarifaria, recién iniciada, tiene un límite para su entrada en vigencia: no podrá superar el 31 de diciembre de 2024. Asimismo, se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) desde el 1° de enero de 2024 hasta que se designen los miembros del Directorio.
Los interventores designados por el Ministerio de Economía podrán aprobar ajustes transitorios en tarifas hasta que se establezcan las tarifas definitivas, asegurando la continuidad del servicio público.
Para la conformación de los directorios del ENRE y del ENARGAS, la Secretaría de Energía cuenta con un plazo de 180 días.
El gobierno justificó la medida ante la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la falta de adecuación a la demanda y problemas derivados de la falta de renovación de las redes.
Se aludió a la herencia recibida de la administración anterior como causa de la situación actual, enfatizando la necesidad de tomar medidas a corto, mediano y largo plazo para asegurar un suministro adecuado de energía eléctrica y gas a toda la población del país.
