En una decisión histórica y solidaria, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa resolvió que los funcionarios judiciales de la provincia se incorporarán al Aporte Solidario Extraordinario, aprobado por la Legislatura provincial, destinado a garantizar el acceso a alimentos para 10.000 familias en situación de vulnerabilidad. Durante cuatro meses, los magistrados y funcionarios judiciales realizarán una contribución obligatoria del 10% de sus salarios, alineándose con una medida que busca mitigar el impacto de la crisis social y económica en los sectores más afectados.
Un compromiso con la realidad social
La resolución fue adoptada por el presidente del STJ, José Sappa, junto a los ministros Eduardo Fernández Mendía, Hugo Díaz, Verónica Campo y Fabricio Losi, en lo que constituye una postura solidaria y alineada con los otros poderes del Estado provincial. La medida fue bien recibida por varios sectores, dado que surge en un contexto de gran necesidad social y económica.
El aporte solidario fue aprobado por la Legislatura en el marco de la ley 3583, que creó el Fondo Alimentario Extraordinario Provincial. El objetivo de la norma es recaudar fondos para garantizar la seguridad alimentaria de miles de familias pampeanas que atraviesan situaciones de extrema necesidad. La decisión del STJ se suma a la de otros actores públicos, como los diputados provinciales, que también contribuirán con el 10% de sus salarios a este fondo, entre septiembre y diciembre de 2024.
Respuesta judicial frente a la crisis
La decisión del STJ se destaca, especialmente, por contrastar con el posicionamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que inicialmente había expresado su "profunda y grave preocupación" por el Aporte Solidario, aludiendo a la intangibilidad de los salarios de los jueces y funcionarios judiciales. Sin embargo, el STJ subrayó que el Poder Judicial no puede desentenderse de las problemáticas económicas y sociales que enfrenta la sociedad, y que en situaciones de crisis, como la actual, es necesario acompañar las iniciativas solidarias impulsadas por el resto de los poderes del Estado.
En su comunicado oficial, el máximo tribunal destacó: “El Poder Judicial tiene la responsabilidad institucional de no desentenderse de la problemática económica y social que afecte a la sociedad en cada momento histórico, acompañando el esfuerzo realizado por los demás poderes del Estado en iniciativas concretas destinadas al bien común; tal como ya hizo en oportunidades anteriores”. Este enfoque refuerza el compromiso de la Justicia pampeana con la legitimación social de sus actos, no solo a través de la prestación de servicios judiciales, sino también mediante acciones concretas que beneficien a la comunidad.
Aporte del Ministerio Público Fiscal
El compromiso de los funcionarios judiciales no se limita al STJ. El 4 de septiembre, la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal confirmó que sus 53 miembros realizarán una contribución del 100% del valor de la cuota social. Este gesto reafirma la voluntad de los actores del sistema judicial pampeano de colaborar con el Fondo Alimentario Extraordinario, sumándose así al esfuerzo colectivo en un contexto económico desafiante.
Apoyo gubernamental
El Aporte Solidario Extraordinario fue una iniciativa presentada en marzo de este año por el gobernador Sergio Ziliotto, quien buscaba mitigar el impacto de la crisis alimentaria en las familias más vulnerables de la provincia. A pesar de las resistencias iniciales y de tres sesiones sin quórum en la Cámara de Diputados, la propuesta fue finalmente aprobada por mayoría, con el único voto en contra de la diputada Noelia Viara, del PRO.
El contexto de aprobación fue marcado por un fuerte debate político, pero finalmente prevaleció la idea de que la situación social y económica exigía una respuesta solidaria y urgente por parte de las autoridades provinciales. El aporte, que abarca desde septiembre hasta diciembre, se destinará a cubrir las necesidades alimentarias de las 10.000 familias más afectadas por la crisis en la provincia.
Impacto económico y social
Este tipo de medidas refuerza el rol del Estado en momentos de crisis y pone en evidencia la importancia de la solidaridad interinstitucional. Tanto el aporte de los funcionarios judiciales como el de los legisladores pampeanos se integran en una estrategia más amplia de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. La coordinación entre los distintos poderes del Estado refleja un esfuerzo conjunto por hacer frente a una de las problemáticas más acuciantes de la actualidad: la falta de acceso a alimentos.
La medida no solo representa un alivio económico para las familias beneficiadas, sino que también es una señal de compromiso social por parte de los funcionarios públicos que, con su contribución, envían un mensaje claro de que la crisis debe ser enfrentada desde la solidaridad y la responsabilidad compartida.
Este Aporte Solidario Extraordinario es un paso importante en la búsqueda de soluciones para los sectores más vulnerables y representa una muestra de cómo la colaboración entre los diferentes actores del Estado puede generar cambios positivos en la comunidad.
