Las herederas de un productor rural de la zona de La Pastoril, en el ejido de Santa Isabel, han denunciado una estafa en la venta del campo de su padre, realizada por una cifra considerablemente menor al valor real del predio. La transacción se llevó a cabo cuando Fernando Ernesto Herraiz Ranceze, anciano y enfermo, firmó una escritura de cesión de derechos posesorios del establecimiento Curru Mahuida, de más de 5400 hectáreas, a favor de J.N.M. por la suma total de 300.000 pesos.
Según lo informado por el portal InfoHuella, este controvertido acuerdo tuvo lugar el 28 de marzo de 2018 y fue otorgado ante la escribana Carzoglio, de Santa Rosa. Trágicamente, Herraiz falleció en diciembre del año siguiente, a causa de un cáncer de colon y una severa afección coronaria.
Leonardo Ananía, abogado de las hijas del productor, manifestó que antes de su fallecimiento, J.N.M. había iniciado un juicio para obtener la posesión del campo por medios legales. Sin embargo, durante el proceso judicial en el Juzgado de Victorica, se reveló que el valor real del campo era superior a un millón de dólares (exactamente 1.311.000 dólares), con mejoras valuadas en más de 32 millones de pesos, a valores de octubre de 2020.
Las herederas de Herraiz presentaron una denuncia ante la Justicia Penal acusando a J.N.M. y a su abogado de cometer el delito de estafa por circunvención de incapaces. Sostienen que aprovecharon la vulnerabilidad del productor, quien se encontraba en una situación desfavorable debido a su avanzada edad, su estado de salud y una creciente adicción al alcohol, para hacerlo firmar un documento que lo perjudicó gravemente.
Durante el juicio penal, más de 14 testigos, en su mayoría residentes de Telén y Victorica que frecuentaban a Herraiz, declararon haber sido testigos de cómo J.N.M. y su asesor letrado se aprovecharon de la situación, prometiéndole un préstamo de 300.000 pesos que debía garantizarse con la firma de la escritura de cesión de posesión. Sin embargo, se suscribió un contradocumento asegurando que recuperaría la posesión al cabo de un año. La escribana Carzoglio, también testigo, declaró que interpretó la escritura como una solución temporal para Herraiz, con la expectativa de que todo volvería atrás al cabo de un año.
A pesar de la abundante prueba presentada, que incluye testimonios, certificados médicos, valuaciones y la incapacidad económica de J.N.M., el fiscal de Santa Rosa consideró que no se demostró aprovechamiento ni perjuicio alguno, y dictaminó el archivo de la causa.
Ante esta decisión, el abogado Ananía presentó un escrito ante el fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial solicitando que se reabra la causa y se eleve a juicio para que sea un juez quien determine si hubo o no delito. El letrado argumenta que este caso priva a las herederas de su derecho a la justicia, garantizado por la Constitución Nacional.
Finalmente, el abogado calificó como "suspicaz" que el fiscal que ordenó el archivo afirmara que Herraiz hizo exactamente lo que quería hacer, desestimando la desproporción evidente entre el precio de venta y el valor asignado al campo por expertos. Señaló que, históricamente, el derecho considera nula la compraventa por lesión enorme cuando la diferencia es menor a la mitad del precio, como en este caso.
La causa sigue abierta, y ahora queda en manos del fiscal general decidir si procede o no la reapertura del caso para llevarlo a juicio y esclarecer la presunta estafa en la venta del campo en La Pastoril.
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