El presidente Javier Milei oficializó una medida que marca un cambio significativo en la administración de la seguridad social en Argentina: la eliminación de los créditos otorgados por ANSES, decisión que fue formalizada mediante el Decreto 1039/2024. El objetivo principal es preservar la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), elemento clave del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Un cambio en la función del FGS
El decreto deroga los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley 24.241, que permitían a ANSES otorgar financiamiento a jubilados, pensionados y trabajadores aportantes con recursos del FGS. Según el Ejecutivo, las tasas negativas aplicadas a estos créditos, en un contexto de inflación elevada —que alcanzó el 211,4% en 2023, según el INDEC—, generaban un perjuicio significativo para los activos del Fondo.
El presidente Milei destacó que el propósito del FGS es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional mediante inversiones rentables que preserven su capital, y no destinarlo a créditos que afecten sus recursos.
Fomento de la inclusión financiera desde el sector privado
El decreto subraya que la inclusión financiera debe ser promovida por el sector privado, que cuenta con la capacidad para ofrecer créditos de manera competitiva. Esta medida busca reducir la carga administrativa de ANSES, permitiéndole concentrarse en su función principal: garantizar la asistencia y las prestaciones previsionales a sus beneficiarios.
Optimización de recursos públicos en un contexto crítico
Desde el Gobierno, se destacó que la reestructuración de las funciones de ANSES es clave para optimizar los recursos públicos en un contexto de emergencia económica y social. La medida también responde al desafío de gestionar el sistema previsional en un escenario donde la inflación y la crisis económica imponen restricciones significativas.
Revisión legislativa del decreto
El Decreto 1039/2024 entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, pero será sometido a la revisión de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como lo establece la Ley 26.122 sobre decretos delegados.
Con esta decisión, el Gobierno busca establecer un punto de inflexión en el manejo de los recursos previsionales, priorizando la sostenibilidad del sistema a largo plazo y delegando la oferta de créditos al sector privado. Esta medida, sin embargo, genera debate entre quienes ven en ella una oportunidad de reestructuración y quienes señalan su impacto en el acceso al financiamiento para sectores más vulnerables.
