El exjefe comunal de Unanue, Manuel Costoya, ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas de La Pampa a devolver 7.824.296 pesos por no poder justificar gastos realizados en los años 2016 y 2017 durante su mandato como presidente de la Comisión de Fomento. Además, se le han aplicado 16 multas de 162 mil pesos por cada uno de los balances mensuales con irregularidades, sumando un total de 2.594.434,4 pesos adicionales.
Costoya, quien ya había sido condenado en 2020 a tres años de prisión en suspenso por peculado y uso de documento privado falso en perjuicio del Estado, enfrenta ahora esta nueva sanción económica. La causa por la que fue condenado en el juicio abreviado es conocida como la de las "facturas truchas", un escándalo que también involucró a otros comisionados.
Este viernes, se publicaron en el Boletín Oficial 16 sentencias del Tribunal de Cuentas correspondientes a los meses de marzo y abril, en las que se analizaron los balances mensuales de la Comisión de Fomento de Unanue de los años 2016 y 2017. La investigación penal que derivó en la condena de Costoya había suspendido los plazos legales del Tribunal de Cuentas para juzgar su responsabilidad contable en cada uno de los balances cuestionados.
En las sentencias, el Tribunal de Cuentas, presidido por Alejandra Mac Allister, aclaró que la condena penal de Costoya por presentar facturas apócrifas no lo exime de la "responsabilidad contable". La misma situación se aplica a la exsecretaria Tesorera de Unanue, quien también deberá rendir cuentas por los fondos mal gestionados.
El fallo destaca la diferencia entre la responsabilidad penal y la contable. Mientras que la responsabilidad penal se refiere a la inconducta del funcionario que encuadra en alguna de las figuras reprimidas por la norma penal, la responsabilidad contable busca hacer efectiva la rendición de cuentas por la administración de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas también subrayó que el Juzgado de Control de General Acha no notificó a la comuna de Unanue sobre la sentencia penal contra Costoya. Además, la Fiscalía de Estado informó que, aunque se habían iniciado medidas cautelares, estas aún no se habían hecho efectivas.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos, y las consecuencias legales y económicas que enfrentan quienes no cumplen con sus responsabilidades administrativas.
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