El Ministerio de Economía declara emergencia agropecuaria por sequía

El Ministerio de Economía de la Nación ha emitido una serie de resoluciones destinadas a abordar la crisis provocada por la sequía que afecta a diversas regiones de Argentina.

Estas medidas buscan proporcionar asistencia crucial a las explotaciones rurales que se han visto gravemente afectadas por las condiciones climáticas adversas. A continuación, se detallan las acciones tomadas:

Declaración de Emergencia en Río Negro

A través de la resolución 1.482/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, se ha declarado el estado de emergencia y/o desastre para las explotaciones ganaderas bovinas, ovinas y caprinas en varios departamentos de la provincia de Río Negro. Este estado de emergencia tendrá vigencia desde el 1 de junio de 2023 hasta el 1 de junio de 2024. Los departamentos afectados por esta medida son Adolfo Alsina, Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca y Pichi Mahuida.

Prórroga de Emergencia en Santa Fe

La resolución 1.484/2023 prorroga el estado de emergencia en el departamento santafesino de General López hasta el 31 de marzo de 2024. Esta extensión se realiza en respuesta a la persistente sequía que ha impactado en las explotaciones agropecuarias de la región.

Prórroga de Emergencia en La Pampa

La tercera medida, incluida en la resolución 1.485/2023, contempla la prórroga del estado de emergencia en los departamentos de Chalileo y Toay, en la provincia de La Pampa. Esta prórroga también se extiende hasta el 31 de marzo de 2024, y su objetivo es brindar apoyo a los productores agropecuarios que continúan enfrentando dificultades debido a la sequía.

Para poder acceder a los beneficios previstos en la Ley de Emergencia Agropecuaria 26.509 y sus modificatorias, los productores afectados deben presentar un certificado emitido por la autoridad competente de su respectiva provincia. Esta declaración de emergencia se aplica cuando al menos el 50% de la producción o capacidad productiva de una explotación se ve afectada, lo que permite la postergación del pago de impuestos nacionales. Si la pérdida supera el 80% de la producción o capacidad productiva, se declara desastre agropecuario, eximiendo al productor del pago de los tributos correspondientes.

El Gobierno nacional se compromete a seguir monitoreando de cerca la situación y tomando medidas adicionales según sea necesario para apoyar a los productores rurales afectados por esta crisis climática. La prioridad es garantizar la estabilidad de la industria agropecuaria y proteger el sustento de las familias rurales en estas regiones críticas.