En un paso significativo hacia el control de las prestaciones sociales, el gobierno nacional anunció la auditoría de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Según fuentes oficiales, esta medida se tomó luego de detectar que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales establecidos para acceder a este beneficio.
La Agencia Nacional de Discapacidad, en conjunto con el PAMI, llevará a cabo esta exhaustiva revisión, la cual se enmarca en un plan nacional para garantizar la transparencia en la asignación de prestaciones sociales. En la auditoría previa, realizada en diciembre de 2024, se detectaron graves irregularidades, como el cobro de 212 pensiones por parte de personas privadas de su libertad y otras 150 por beneficiarios fallecidos.
Una auditoría con enfoque médico y jurídico
El Boletín Oficial detalla que las nuevas normativas están fundamentadas en baremos diseñados por expertos en medicina legal-laboral, quienes clasificaron de manera cualitativa el grado de deterioro psicofísico que puede justificar una invalidez laboral. Estos baremos incluyen evaluaciones específicas para cada sistema corporal, proporcionando una guía precisa para determinar si las condiciones de los solicitantes cumplen con los criterios de incapacidad.
“La normativa establece parámetros claros que nos permitirán identificar con mayor precisión las situaciones que realmente ameritan la concesión de una pensión no contributiva”, señalaron desde el Ejecutivo.
Proceso de evaluación en etapas
El operativo de auditoría constará de tres etapas. En la primera, se analizará de manera exhaustiva la documentación presentada por los beneficiarios. En la segunda, médicos del PAMI realizarán evaluaciones en territorio para verificar la condición psicofísica de los pensionados. Finalmente, se procesará la información recabada para emitir dictámenes definitivos, que determinarán si cada pensión debe mantenerse o suspenderse.
Transparencia y justicia social
La decisión del gobierno refleja un compromiso por optimizar los recursos públicos y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, la medida también genera expectativas y tensiones entre los beneficiarios, muchos de los cuales esperan que sus casos sean analizados con celeridad y justicia.
Con esta auditoría, el Estado busca fortalecer la credibilidad de las políticas sociales, asegurando un sistema más equitativo y basado en criterios objetivos.
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