El legislador pampeano Daniel Kroneberger asumió como presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Senado de la Nación, en un acto que marca un paso fundamental para resolver una deuda pendiente de 15 años con la ciudadanía: la designación de un Defensor del Pueblo de la Nación.
Durante su discurso de apertura, Kroneberger destacó la importancia de esta comisión, señalando que el artículo 86 de la Constitución Nacional le otorga la responsabilidad de nombrar al Defensor del Pueblo. “La última reunión de esta comisión fue en noviembre de 2017. Hay una deuda con la Constitución y, principalmente, con la ciudadanía”, subrayó. La comisión también tiene la tarea de revisar el informe anual que emite la Defensoría, lo que refuerza su rol como organismo de control en la defensa de los derechos básicos de los ciudadanos.
Kroneberger, oriundo de Colonia Barón, resaltó la relevancia del Defensor del Pueblo en estos tiempos, donde se torna crucial proteger los derechos humanos fundamentales. “El Defensor debe defender a los ciudadanos del poder estatal y controlar el cumplimiento de sus derechos. Esto abarca desde el derecho a la salud, a un ambiente sano, a una vejez digna y a la protección de la infancia, hasta la defensa contra abusos por parte de empresas estatales o privatizadas”, manifestó.
La comisión también tiene otras importantes misiones constitucionales y legales, como la designación de integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, creado por la ley 26.827, y del Procurador Penitenciario de la Nación, creado por la ley 25.875. Actualmente, este último cargo se encuentra vacante desde el fallecimiento del Dr. Francisco Mugnolo en 2023.
Kroneberger reafirmó su compromiso con la búsqueda de consensos y la transparencia en el proceso de designación del Defensor del Pueblo. “Nuestro deber es garantizar un procedimiento abierto y participativo que respete la Constitución y proteja los derechos de los grupos más vulnerables”, concluyó.
La creación de la Defensoría del Pueblo responde a la necesidad de que los ciudadanos cuenten con un organismo que los defienda frente a los actos u omisiones del Estado. Su designación, por tanto, es clave para asegurar que los derechos de todos los argentinos estén protegidos.
