Sentencia de la Corte Suprema rechaza recurso de constructora y la expone a millonario pago
En un giro legal significativo, la reconocida constructora Inarco ha sufrido una derrota en el juicio que había presentado contra el Estado pampeano en relación con la rescisión del contrato para la construcción del polideportivo "Megaestadio" en Santa Rosa. La resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el jueves 3 de agosto, firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, rechaza por mayoría un recurso extraordinario de queja presentado por la constructora.
El fallo pone en evidencia la controversia suscitada por la rescisión del contrato y abre la posibilidad de que Inarco se vea obligada a hacer frente a un pago millonario en concepto de costos. La demanda contencioso administrativa había sido presentada por Inarco, fundada por Héctor Mohedano, quien lamentablemente falleció en 2019. La empresa cuestionaba la rescisión del contrato "con costas" aplicada por la Casa de Gobierno de la Provincia.
Aunque la construcción del polideportivo fue retomada por la empresa Cinter, quien finalizó la colocación del techo, la obra aún enfrenta desafíos y reformulaciones que deben ser abordados para su habilitación. El Gobierno de Sergio Ziliotto ha buscado apoyo financiero por parte del Gobierno Nacional para completar los trabajos pendientes, aunque hasta la fecha no se ha conseguido.
Se han identificado dos problemas principales en la ejecución original de Inarco en el Megaestadio: errores de cálculo en el diseño del techo y la construcción deficiente de los pilotes. La obra, concebida durante la primera gestión de Carlos Verna (2003-2007), fue adjudicada a Mohedano por un monto de 29.889.995 millones de pesos o 10 millones de dólares en ese momento. Sin embargo, los costos han aumentado considerablemente desde entonces.
Este revés legal marca un capítulo importante en la historia del polideportivo "Megaestadio" y destaca la complejidad de los desafíos que rodean a la construcción de infraestructuras de gran envergadura. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece un precedente que podría tener implicaciones duraderas en el ámbito de la construcción y los contratos gubernamentales en la provincia.
