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Confirmación de despido justificado a peón rural por pérdida de confianza

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa ratificó una sentencia sobre el despido de un trabajador rural, sosteniendo que una "injuria laboral puede configurarse" incluso si el trabajador ha sido sobreseído en el fuero penal.


La decisión fue tomada por los jueces Anahí Brarda y Guillermo Salas, quienes confirmaron el fallo inicial del juez laboral Claudio Soto, estableciendo que el despido fue justificado debido a una pérdida de confianza tras el faltante de 556 animales en un campo de Catriló.


En el derecho laboral, la injuria se refiere a un incumplimiento grave de los deberes contractuales, lo que puede justificar un despido sin derecho a indemnización. En este caso, se acusó al trabajador de "falta de confianza" debido al faltante de ganado. A pesar de haber sido sobreseído en una causa penal por abigeato agravado, la jueza Brarda destacó la independencia entre los fueros penal y laboral, afirmando que la ausencia de pruebas en el ámbito penal no impide que un tribunal laboral pueda determinar la existencia de una injuria laboral.


El trabajador apeló la resolución alegando despido sin justa causa, cuestionando la fecha de inicio de la relación laboral y alegando falta de pago de salarios, aguinaldo y vacaciones no gozadas. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones sostuvo que el argumento de falta de confianza era válido, dado el conocimiento del trabajador sobre sus tareas y la relevancia de su función en el establecimiento rural.


La sentencia subrayó que el trabajador, al residir en el establecimiento y mantener contacto constante con su empleador y otros intervinientes, debía cumplir con los principios de lealtad y buena fe en la relación laboral. La Cámara también confirmó que el análisis de los antecedentes del caso realizado por Soto fue detallado y que no surgieron elementos probatorios que justificaran los reclamos adicionales del trabajador.


El juez Salas, en su voto individual, enfatizó la relevancia de la prueba confesional, que acreditó la cantidad y movimiento de hacienda, la superficie del predio y los alcances del control que el trabajador debía ejercer. Recordó que la pérdida de confianza puede justificar un despido si los incumplimientos imputados al trabajador son serios y graves.


Esta resolución reafirma la independencia de los fueros penal y laboral y destaca la importancia de la confianza en las relaciones laborales, especialmente en el ámbito rural donde la responsabilidad y el control son fundamentales.

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