Un sobrino fue condenado hoy por estafar a su tío, dueño de una empresa en Santa Rosa, en 22 millones de pesos mediante la adulteración del sistema informático de las cuentas corrientes de cinco clientes.
El conflicto penal se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal general Guillermo Sancho, el defensor particular Javier Horacio Díaz (h) y el imputado Francisco Agustín Báez, quien admitió su culpabilidad. La jueza de control, Paola Frigerio, homologó el acuerdo y dictó la sentencia, contando además con el consentimiento del abogado Nicolás Bobillo, querellante particular en representación de la firma damnificada.
La investigación concluyó que entre el 1 de septiembre y el 10 de noviembre del año pasado, Báez (25 años), cumpliendo funciones de cajero en la empresa ubicada en el parque industrial de Santa Rosa, adulteró el estado de las cuentas corrientes de cuatro clientes mediante el sistema informático. "Registraba una primera compra y luego generaba devoluciones que los clientes nunca realizaron, generando un saldo a favor", se indicó en el fallo. La mercadería fue retirada por los clientes, a quienes se les extendieron los remitos correspondientes, pero los pagos fueron efectuados directamente a Báez y no ingresaron en la contabilidad de la empresa. A través de esta maniobra, la firma comercial se vio perjudicada en 22.067.680 pesos.
Las partes acordaron que Báez sea condenado a tres años de prisión en suspenso y dos años de cumplimiento de reglas de conducta (fijar residencia y someterse al control de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley penal) por el delito de defraudación por administración infiel.
El acusado se desempeñó como empleado del negocio de su tío hasta diciembre. El 21 de ese mes, uno de los socios de la firma, al hacer un control de las cuentas corrientes, encontró muchas devoluciones de mercadería sin una compra original. Cuando le pidió explicaciones a Báez, este dijo que no recordaba. Luego de la renuncia del imputado, la investigación interna continuó y aparecieron más clientes involucrados. Todos ellos respondieron unánimemente que las transacciones las habían efectuado con Báez.
“Con las pruebas obrantes, se advirtió que Báez realizó diversas maniobras violatorias de sus deberes en el manejo de los bienes de propiedad de la empresa; realizando actos no permitidos y perjudicando con ellos los intereses confiados por sus empleadores, generando un perjuicio sobre su patrimonio y logrando un provecho patrimonial personal”, concluyó Frigerio. Según el Código Procesal Penal de La Pampa, los jueces y juezas en los juicios abreviados no pueden imponer sanciones más severas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
