En una sentencia dictada hoy por el juez de control Néstor Daniel Ralli, la expresidenta del Club General San Martín de Santa Rosa, Graciela Beatriz Loyola, fue condenada a un año de prisión en suspenso como autora del delito de defraudación por administración infiel. La condena se hizo efectiva al homologar un acuerdo de juicio abreviado firmado por diversas partes involucradas en el caso.
Los hechos probados muestran que Loyola, en su calidad de presidenta del club, percibió una suma de dinero como parte de la venta de una fracción de terreno propiedad de la institución. Sin embargo, el dinero no fue ingresado a las arcas del club, violando así el debido control por parte de los socios y perjudicando a la entidad.
La venta de la fracción de terreno se concretó el 1 de noviembre de 2019 por un total de 3.971.000 pesos, pero el dinero recibido no fue depositado en las cuentas del club como correspondía. A pesar de la admisión de responsabilidad por parte de Loyola, el juez Ralli consideró como pruebas independientes testimonios y diversos informes que respaldaron los hechos.
Lucas Jesús Ovejero, actual presidente del club y uno de los denunciantes en el caso, expresó su disconformidad con el acuerdo de juicio abreviado, indicando que la mayoría de los socios se opusieron al mismo durante una asamblea. Sin embargo, el juez explicó que la opinión del querellante no es vinculante en la resolución final.
Además de la pena en suspenso, el juez impuso a Loyola el cumplimiento de dos reglas de conducta durante dos años: fijar domicilio y someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal.
Este caso pone de manifiesto la importancia del debido control y transparencia en la administración de entidades deportivas y sociales, así como la responsabilidad de aquellos que ocupan cargos directivos en las mismas.
