Condenado Empleado del Juzgado de Faltas de Catriló por Fraude en Cobro de Multas de Tránsito. La sentencia establece dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Héctor Ezequiel Luján
En un fallo emitido por el juez de control Carlos René Ordas, un empleado del Juzgado de Faltas de Catriló, identificado como Héctor Ezequiel Luján, ha sido condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso, así como a una inhabilitación especial perpetua. El veredicto fue resultado de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal general Guillermo Sancho, el defensor particular César Augusto Rodríguez y el propio imputado.
Luján fue hallado culpable de fraude en perjuicio de la administración pública por cobrar o intentar cobrar multas de tránsito a través de su cuenta personal de Mercado Pago en cinco ocasiones. El juez de control santarroseño homologó el acuerdo, en el que la Municipalidad de Catriló, representada por el intendente Roberto Delfino, también dio su consentimiento.
El empleado público de 30 años desempeñaba funciones en el Puesto Caminero de Catriló, donde se encargaba de cobrar y atender los descargos relacionados con las infracciones de tránsito. Bajo esta posición, persuadía a los infractores para realizar pagos voluntarios mediante plataformas como Rapi o Pago Fácil.
El proceso judicial reveló que en dos ocasiones los conductores pagaron voluntariamente las multas, sumando 14,160 y 10,600 pesos respectivamente, los cuales fueron acreditados en la cuenta de Mercado Pago de Luján. Sin embargo, en tres casos, los pagos no llegaron a concretarse en su cuenta personal.
El juez Ordas destacó la actuación del juez de faltas Carlos Mariano Guijarro Arzuaga, quien alertado sobre el cobro indebido de multas a través de Mercado Pago, realizó una auditoría interna y abrió los expedientes correspondientes. Además, el fallo resalta la pericia realizada por la División de Análisis de las Telecomunicaciones de la Policía provincial, que evidenció la maniobra llevada a cabo por el imputado mediante el análisis de dos teléfonos celulares.
Como resultado, se ha dispuesto la devolución de uno de los teléfonos a la municipalidad y se ha ordenado notificar la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En cuanto a la pena impuesta, Luján deberá informar su domicilio durante dos años como regla de conducta, además de enfrentar una inhabilitación perpetua debido a su condición de empleado público.
