En un operativo realizado ayer, la policía de Paraguay detuvo a Rafael Mario Fernández, un pampeano que había sido condenado a diez años de prisión por abuso sexual y que se había fugado tras conocer el fallo en su contra. La captura fue confirmada por personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II de Policía de La Pampa, bajo la dirección del comisario Martín Giménez, tras un intenso proceso de búsqueda que involucró un pedido de captura internacional.
Fernández, oriundo de Santa Isabel, había sido sentenciado en septiembre de 2022 por el juez de audiencia de General Pico, Marcelo Pagano, por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una niña en la localidad de Victorica. Durante el proceso judicial, Fernández había permanecido en libertad bajo la medida sustitutiva de presentarse semanalmente ante las autoridades policiales. Sin embargo, tras ser condenado, incumplió con esta obligación y se dio a la fuga, renunciando a su trabajo en el sector petrolero en Neuquén, lo que llevó a que el juez lo declarara en rebeldía y ordenara su detención.
La policía de La Pampa, en colaboración con las autoridades paraguayas, logró rastrear a Fernández hasta la ciudad de Presidente Franco, cerca de la Triple Frontera, donde había estado trabajando en una panadería. Ayer, una comisión policial concretó su detención sin que el prófugo ofreciera resistencia.
Cabe recordar que en su momento, se ofreció una recompensa de 3 millones de pesos por información que condujera a la captura de Fernández, cuyo paradero había permanecido desconocido durante casi un año.
Ahora, se espera que se completen los trámites necesarios para el traslado de Fernández a La Pampa, donde comenzará a cumplir la pena de diez años a la que fue condenado. La condena fue el resultado de una investigación en la que intervinieron los fiscales Enzo Paolo Rangone y Juan Marcelo Cupayolo, junto con la abogada Camila Aimar, en representación de la querellante particular, y el defensor privado Juan Carlos De La Vega.
Este caso resalta la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el compromiso de las autoridades para garantizar que los condenados cumplan con sus penas, especialmente en casos tan graves como el de abuso sexual.
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