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Cámara de Apelaciones revoca sentencia en caso de "papeles de comercio truchos"

Foto del escritor: La Pampa La Pampa

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa ha emitido una resolución en la que revoca una sentencia de primera instancia debido a lo que describen como "papeles de comercio truchos" presentados como evidencia en un caso de presunta relación laboral.


El caso se originó en el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Acha y fue impulsado por un individuo que afirmó ser el encargado de un campo en la zona petrolera de La Pampa. El demandante alegó una relación de dependencia laboral y buscó una indemnización por despido sin causa.


En una primera instancia, la Justicia validó la relación de trabajo invocada por el demandante, enmarcándola en la ley 26767 de Contrato de Trabajo Agrario y clasificándola como la de un encargado. Esta relación laboral había existido durante casi ocho años, pero algunas reclamaciones específicas del demandante, como gastos de uso de su vehículo y trabajo de alambrador, fueron rechazadas.


Tanto el demandante como el dueño del inmueble apelaron la sentencia de primera instancia. El demandante argumentó que no se reconoció su labor como alambrador, mientras que el propietario afirmó que no había existido una relación laboral, sino contratos de servicios pagados a través de depósitos bancarios.


Los jueces de la Cámara de Apelaciones sostuvieron que el magistrado de primera instancia cometió un error al determinar que existía una relación laboral entre las partes y que no se tuvo en cuenta la prueba presentada adecuadamente. Señalaron que los múltiples depósitos en la cuenta bancaria del demandante, realizados por el demandado, eran una prueba significativa de que se trataba de contratos de servicios.


Además, los magistrados destacaron que algunos testimonios presentados no eran concluyentes para clasificar la relación como laboral y que se había intentado presentar documentación apócrifa como evidencia.


En última instancia, la Cámara concluyó que se trataba de "papeles de comercio truchos" y que la documentación había sido falsificada. Como resultado, la sentencia fue revocada, y se indicó que el caso debería ser remitido al Ministerio Público Fiscal para investigar la falsificación de documentos, una conducta que podría tener implicaciones legales adicionales.


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