En un contexto de creciente inflación y desafíos económicos, el Gobierno de La Pampa y los gremios estatales han llegado a un acuerdo salarial que promete aliviar la situación de los trabajadores estatales de la provincia. Este convenio estipula un incremento del 10 % en julio y un 4 % adicional en agosto, acumulativos, bonificables y remunerativos, beneficiando también a jubilados y pensionados pampeanos.
Detalles del Acuerdo
Julio 2024:
Incremento del 10 % acumulativo sobre la escala vigente.
Con este aumento, el incremento acumulado en lo que va del año alcanza el 83.68 %, superando la inflación acumulada del 79 % en la región pampeana.
El salario mínimo garantizado para un agente con familia tipo a cargo será de $770,656, representando un incremento del 117.66 % en el año.
Agosto 2024:
Incremento del 4 % adicional, acumulativo sobre el incremento de julio.
Con este aumento, el incremento acumulado en el año será del 91.03 %.
El salario mínimo garantizado para un agente con familia tipo a cargo alcanzará los $792,920, lo que supone un incremento del 123.95 % en el año.
Septiembre 2024:
Revisión de la pauta salarial basada en la inflación del trimestre junio-julio-agosto, con el objetivo de ajustar los salarios según la evolución de los precios y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
Compromiso y Esfuerzo del Gobierno Provincial
El gobierno provincial ha expresado su compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo de los salarios en relación con los precios, siempre considerando la evolución de los ingresos del Estado. Este esfuerzo se realiza en un marco de gran incertidumbre económica, buscando equilibrar el manejo financiero responsable y mantener la estabilidad fiscal, una característica histórica de los gobiernos pampeanos.
La implementación de estos aumentos salariales refleja el esfuerzo del Gobierno de La Pampa por proteger a sus empleados públicos de la pérdida del poder adquisitivo, reafirmando su compromiso con una administración financiera responsable y equitativa.
Este acuerdo no solo representa un alivio para los trabajadores estatales, sino también un paso significativo hacia el fortalecimiento del poder adquisitivo y la estabilidad económica en la provincia.
