El presidente del Club Atlético Santa Rosa, Bruno Ramírez, denunció en las últimas horas que abogados del órgano fiduciario embargaron a la entidad deportiva por más de 100 millones de pesos.
Así surge de la documentación que la comisión directiva y la abogada Mariana Barbitta están relevando en la búsqueda de información respecto de la situación legal del albo.
“Nos vamos encontrando con información que nos sigue confirmando que los abogados se quieren quedar con el club”, afirmó Ramírez.
El embargo, dijo, fue promovido por los abogados Federico Moslares y Laura Cagliolo (actualmente es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción), quienes representan a José Luis Moslares, quien es integrante del órgano fiduciario. Según contó, figura en uno de los expedientes de las diferentes causas que involucran a la entidad deportiva de Santa Rosa.
El Fiduciario está integrado por el abogado José Luis Moslares, el contador Leopoldo Bonaveri y el profesor de educación física especializado en gestión deportiva Hugo Zorzi.
Los tres tenían por objetivo recuperar las 33 hectáreas del club ubicadas sobre la ruta nacional 5, además de otros bienes enajenados en una serie de maniobras delictivas de hace poco más de dos décadas por exdirigentes de la institución.
Moslares y Cagliolo se apoyan en un fallo de la jueza Adriana Cuarzo: la magistrada ordenó hace dos años que los exdirigentes Raúl Talmón y Jorge Sánchez y el órgano Fiduciario Asociación Civil del Club Atlético Santa Rosa les paguen a Laura Cagliolo y Federico Moslares 46.022.425,70 pesos en honorarios más 59.682.800 pesos de intereses.
La causa del Club Santa Rosa se inició hace dos décadas contra Miguel Angel Gómez (presidente), Jorge Sánchez (prosecretario) y Raúl Talmón (protesorero), elegidos en el año 1997, que enajenaron la sede del club y parte del Estadio Mateo Calderón (20.000 metros cuadrados de la cancha, el corazón social y deportivo del club) en 2.370.000 pesos (vendidos a Casa Tía). La sede del club se vendió al empresario Carlos “Barba” Martín en 531.250 dólares (pagaderos en 70.000 dólares en efectivo, cuotas y la entrega de 20 autos). Esos ingresos, en una serie de maniobras delictivas, se dilapidaron en dos años.
Consultas
Recientemente el presidente del club y la nueva representante legal se hicieron presentes en el Centro Judicial para acceder a los tres expedientes que se tramitan, donde les informaron que las actuaciones fueron enviadas al Superior Tribunal de Justicia, luego de que se interpusiera un recurso respecto de una sentencia de febrero pasado firmadas por Guillermo Salas y Laura Torres, ambos jueces de Cámara al igual que Laura Cagliolo, quienes afirman que “el órgano fiduciario legalmente designado en su momento en el proceso judicial, mantiene y conserva legitimación pasiva y personería ultra activa para dar respuesta a cualquier aspecto que involucre residualmente situaciones y efectos derivados o derivables relativos a la gestión de los bienes fideicomitidos”.
Según sostiene la actual dirigencia, la anterior gestión del club habría querido avanzar en la posibilidad de un acuerdo con los abogados que hoy reclaman exorbitantes honorarios. Sin embargo, los letrados supeditaron acordar a que el pago no se haga en una cuenta judicial, ya que esto implica pagar impuestos, por lo cual cobrarían menos de lo que reclaman.
Carta documento
Por otro lado, la semana pasada se recibió una carta documento en la sede del club firmada solo por dos de los tres integrantes del órgano fiduciario: Hugo Zorzi y Leopoldo Bonaveri aseguran que ellos le solicitaron a la jueza Adriana Cuarzo que se proceda a la inscripción de las tierras a nombre de Atlético. “Se solicitó ante el juzgado actuante, se oficie al Registro de la Propiedad Inmueble a los efectos que se registren bajo la titularidad de la Asociación Civil Club Santa Rosa los bienes inmuebles registrados a nombre del órgano fiduciario”, indica el escrito de esos profesionales, por lo cual a partir de ahora una de las tareas que tendrá el estudio jurídico será la de dilucidar quién o quiénes han sido los que ha incumplido con la tarea de transferir las tierras.
“Evidentemente alguien no ha hecho lo que correspondía. Sobre la o las personas que no lo hicieron iniciaremos acciones en todos los ámbitos que corresponda”, afirmó Mariana Barbitta.
Llamativamente la respuesta no la firma José Moslares, con lo cual los dirigentes del Albo sospechan que los abogados tienen una “estrategia acordada” respecto de las tierras y los honorarios. “Sospechamos que los Moslares especulan con que la Justicia le permita al Fideicomiso vender parte de las tierras para pagarse entre ellos”, aseguro el presidente.
A partir de la semana próxima el equipo de trabajo de la doctora Mariana Barbitta arribará a la ciudad para presentarse en sede judicial para tomar vista de los tres expedientes que se tramitan.
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