SOBRESEYERON A "TACO"
El Fiscal de la Procuración General de la Nación, a través de un oficio le comunicó a la Cámara Federal de Apelaciones de BahÃa Blanca, el desistimiento del recurso presentado por el Fiscal Federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, en la causa en la que se investigaba por presunto tráfico de drogas a un grupo de más de 20 personas.
Es un expediente en el que aparecÃa involucrado, entre otros, el diputado provincial Espartaco MarÃn, dos altos jefes policiales -Luis Blanco y Marcelo Calderón- y también el sacerdote Hugo Pernini (hoy involucrado en una causa de abusos).
El caso que concitó enorme atención porque involucraba además a dirigentes polÃticos, personas ligadas a la compra y venta de vehÃculos, prestamistas, empresarios de la noche, tres personas de nacionalidad paraguaya, un par de policÃas de alto rango y personas con antecedentes por tráfico y tenencia de estupefacientes, encontrarÃa ahora su punto final.
Oficio «sospechoso».
Como se recordará todo se inició cuando a través de una versión periodÃstica se filtró un oficio judicial, lo que dio lugar a un abanico de especulaciones en la polÃtica local y provincial por el nombramiento de Espartaco MarÃn, legislador del Partido Justicialista; como asimismo a miembros de la PolicÃa provincial.
La difusión de ese documento dio paso a que la Justicia Federal abriera una causa para investigar quién filtró el oficio, y desde dónde se hizo. Ya en ese momento no faltaron los que señalaron que se trataba de una «jugarreta» polÃtica.
Lo cierto es que trascendió que la causa se habÃa iniciado en 2016 a raÃz de la denuncia de un testigo de identidad reservada, a los fines de investigar la supuesta relación de 23 personas con el arribo de drogas a la provincia, la liberación de rutas hacia la capital y el crecimiento patrimonial de personalidades ligadas a los negocios nocturnos.
El raid del oficio.
El documento filtrado fue entregado en la Municipalidad de Santa Rosa el 21 de mayo pasado, y tenÃa fecha de emisión al dÃa 16 de abril y estaba dirigido a la Dirección de Habilitaciones correspondiente a la comuna, por lo que se pensó que la información habÃa sido filtrada desde uno de los ámbitos municipales. TenÃa carácter de «Muy urgente despacho», y la información recabada debÃa ir dirigida hacia la División Lavado de Activos del Narcotráfico y a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA.
Pero no sólo fue ese el lugar donde se envió el oficio. También llegó a oficinas de la administración, como es la Dirección de Catastro. En ese contexto el propio Jefe de la PolicÃa provincial señaló que nunca habÃan sido informados de la existencia de ese oficio.
Pruebas inexistentes.
Con una celeridad que contrastó con los más de tres años de una retardada investigación, el Juez Federal Juan José Baric, terminó concluyendo que no habÃa casi pruebas, y que no se pudo «corroborar ninguna hipótesis de tráfico de estupefacientes». Asà también el magistrado le apuntó a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), como responsable de la acusación, y deslizó que se trataba de una maniobra armada.
«Es una imprecisa e indeterminada reseña que fue apuntando nombres de distintas personas», dijo al indicar que «el informe inicial aportado por la AFI, carece de todo tipo de elemento de prueba que avale su contenido».
Verdadero cambalache.
Fue mucho más contundente al señalar que «a través de un verdadero cambalache se comenzó a dar forma a este expediente», concluye.
Baric dijo que a MarÃn intentaron involucrarlo diciendo que dos testigos reservados veÃan regularmente a su chofer acudiendo a la U-4, donde habÃa detenidos por narcotráfico. No aportaron pruebas, y sà un par de fotos borrosas que impedÃan identificar a alguien, aunque no aportaron prueba alguna y las que sà elevaron, como fotos, se veÃan todas borrosas, según dijo.
Tampoco hubo pruebas para imputar a los comisarios Marcelo Calderón y Luis Blanco. Uno le habrÃa dicho al otro que venÃa la «carga», y el otro que la llevara a un lugar donde no iba a ser tomado por las cámaras de seguridad. En base a esos elementos el Juez Federal de Santa Rosa sobreseyó a los 23 imputados.
Apelación y desistimiento.
No obstante el fiscal Leonel Gómez Barbella consideró que la causa merecÃa ser revisada y apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de BahÃa Blanca, porque a su criterio existÃa suficiente material probatorio e indicios como para mantener la investigación.
Con fecha del 5 de diciembre de 2019 Horacio J. Azzolin, fiscal de la Procuración General de la Nación, elevó una nota para «desistir fundadamente del recurso» presentado por el fiscal federal de Santa Rosa contra el sobreseimiento que habÃa determinado Baric.
Gómez Barbella habÃa considerado que los sobreseimientos «resultan prematuros» y propiciaba que se revocara la resolución. Eso no sucedió, y por el contrario se produce la cesación del recurso por parte de quien resulta ser su superior en el Ministerio Público Fiscal. La Arena
