El asesor del Gobierno Provincial en materia hídrica, Juan Pablo Morisoli dijo que “sería una solución acertada, salomónica, justa, equilibrada y muy bienvenida para La Pampa”.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los pedidos de excepción de parte de la provincia de Mendoza y convocara a una audiencia pública, el asesor gubernamental Juan Pablo Morisoli destacó la importancia de la Resolución y calificó el hecho como “auspicioso” para La Pampa.
“Es algo muy auspicioso, después de tanto años de trabajo y de lucha, poder ver un adelanto, un avance que favorece a la provincia de La Pampa”, esto en relación a la posición que presentó Mendoza “de que era cosa juzgada y que no se abría otra instancia judicial, lo cual ha quedado descartado. Es un pequeño avance que nos pone contentos, después de tantos años de trabajar el tema de las aguas y los ríos de la Provincia”, aseguró.
Recordó que desde que el ingeniero Carlos Verna, en el 2004 ( durante su primera gestión), creara la Secretaria de Recursos Hídricos “hemos trabajado de forma constante y continua, a lo largo de todos estos años. Esto, hoy da un producido, que es esta audiencia conciliatoria para la cual nos veníamos preparando desde hace 2 años”.
Para esta instancia, según adelantó Morisoli, “el fiscal y el gobernador han diseñado la estrategia desde lo jurídico y desde lo político, para aprovechar al máximo el tiempo que se nos otorgue para la audiencia del 14 de junio”.
También indicó que en los próximos días, se informará acerca de los detalles técnicos de la misma, como por ejemplo “la cantidad de personas que podemos ir, cuanto tiempo se nos asigna, donde estaremos ubicados, y ver a quien podemos invitar, además de los que oficialmente se harán presentes como participes del caso”.
El funcionario manifestó “esperemos que esto allane el camino para una resolución equilibrada del tema en la Suprema Corte”, igualmente agregó “nosotros hemos trabajado en muchas ocasiones a través del tiempo con técnicos y jurisconsultos de Mendoza, con la mayoría de ellos -dijo-, nunca nos pudimos poner de acuerdo, pero con algunos sí, hay gente sensata como en todas partes”.
Finalmente sostuvo que “volver al fallo del año 85, cuando el juez de la Corte, Carlos Fayt, dio 10 m3 para La Pampa y los otros 20 m3 para Mendoza, creo que sería una solución acertada, salomónica, justa, equilibrada y muy bienvenida por nosotros y por toda la provincia de La Pampa”.
Historia de un conflicto
El conflicto por el río Atuel se remonta a 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, formado en el departamento San Rafael, en el sur de Mendoza, con aguas del río Atuel, que se destinan a regadío y generación de electricidad. La provincia de La Pampa demandó a Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló tras la primera demanda iniciada por La Pampa por la restitución del río y dictaminó que el río Atuel es “interprovincial”, y además rechazó el pedido de acción posesoria a La Pampa de las aguas y exhortó a las partes a hacer acuerdos para hacer un uso compartido del recurso.
Pero aunque las negociaciones incluyeron hasta la realización de un Protocolo de Entendimiento Interprovincial en 1989, no hubo correspondencia de Mendoza para planear un aprovechamiento conjunto del Atuel.
Recién en 1992 se firmó un acuerdo entre las dos provincias en el que Mendoza, con financiación de la Nación, construyó un acueducto que permitió otorgarle agua a La Pampa, aunque de un manantial llamado Punta de Agua y no del Atuel, lo que de todos modos resolvió el problema de abastecimiento básico de agua potable en las poblaciones urbanas, en un contexto hídrico crítico en la región.
Pero ante la indudable falta de respuestas y el incumplimiento de las distintas normativas judiciales y del Ejecutivo en lo que significa un aprovechamiento democrático de las aguas, en 2008, y por impulso de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se firmó el llamado Convenio Marco entre las dos provincias en conflicto, suscripto por sus gobernadores Oscar Mario Jorge (La Pampa) y Celso Jaque (Mendoza).
Dicho convenio se firmó con la intención de realizar un aprovechamiento de las dos provincias del río Atuel y en él la provincia cuyana se comprometía a realizar obras para la disminución de las pérdidas de agua de un sistema de riego deficiente y con ello hacer un aprovechamiento posterior en partes iguales: este fue inmediatamente aprobado por unanimidad en la Legislatura provincial pampeana, pero Mendoza nunca lo trató hasta seis años después, cuando en abril de 2014 lo rechazó.
Ante la negativa de Mendoza para lograr finalmente el cumplimiento de lo pactado en 2008, la presidenta impulsó nuevamente el diálogo entre las partes y por ello instruyó al entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, a mediar a fin de llegar a la resolución del conflicto, pero aun así, intervención de la máxima autoridad del Ejecutivo mediante, no se llegó a acuerdo alguno.
En mayo de 2014 La Pampa demandó ante la Corte Suprema a Mendoza para que se declare el incumplimiento al fallo del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del curso hídrico, además de incluir los argumentos de “daño ambiental y social” por considerar que una parte de su población ha sido privada de un derecho humano: el derecho al uso del agua.
La respuesta de Mendoza ante el máximo tribunal nacional se basó en otra disposición del mismo fallo, la cual establece que esa provincia tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas y luego compartir con La Pampa usos futuros.
Mientras el caso sigue en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace más de 60 años que el río Atuel ha sido cortado en Mendoza para el aprovechamiento intensivo de las aguas en la zona cuyana. Esto provocó que los pobladores del oeste pampeano estén sin agua y sin posibilidades de desarrollo productivo, lo que obligó al éxodo forzado de las personas que debieron abandonar una zona que hoy es un desierto.
